La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este martes enviar una carta a la Generalitat de Cataluña para pedir información sobre la política de inmersión lingüística, después de que varios ciudadanos catalanes hayan participado en un debate en el que han denunciado la "discriminación" y la "vulneración" de derechos que sufre la población castellanoparlante.
Así lo ha anunciado la presidenta de esta comisión europarlamentaria, la liberal sueca Cecilia Wikström después de las intervenciones de Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, y Carlos Silva, en nombre de la organización Impulso Ciudadano. "Enviaremos una carta a las autoridades nacionales para pedir información refiriéndonos a las sentencias del tribunal. Creo que una buena forma de avanzar", ha propuesto Wikström, en referencia a las sentencias del Supremo que obligan a que el 25% de las clases de colegios catalanes se den en español.
"Hay familias que tienen que mudarse a Cataluña por un corto periodo de tiempo y cuando vuelven a otra parte de España los niños no deben haber perdido su lengua completamente. Restringir la libertad de movimientos de las familias está simplemente en contra de los valores de la UE", ha defendido la sueca.
Por su parte, los representantes de la Comisión Europea que han participado en los dos debates han explicado que la competencia en ambos casos pertenece a los Estados miembros y que, por tanto, no tiene poderes para intervenir. Antes, tanto Silva como Losada han expuesto sus quejas ante los eurodiputados de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, aunque todos los que han intervenido en el debate han sido españoles como la propia Becerra, Maite Pagazaurtundúa (UpyD), Rosa Estaràs (PP), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) o Josep-Maria Terricabras (ERC).
En una rueda de prensa anterior a los debates, Silva ha denunciado que "la anomalía democrática que existe en estos momentos en Cataluña es la situación que ha vivido durante décadas la comunidad castellanohablante". "Se siente discriminada, sus derechos fundamentales son vulnerados y es ignorada por parte del régimen nacionalista, que ha hecho del tema lingüístico la punta de lanza de toda su política identitaria", ha criticado.
En su opinión, los derechos lingüísticos de los catalanes "se miden por un doble rasero según la lengua del consumidor" que se articula a través de una ley que dispone "un régimen sancionador para aquellos comerciantes y empresarios que no roturen absolutamente todo en catalán".