Caso Barbate
El informe final cita la retirada de la patrullera, constata déficit de medios frente al narco y reclama reactivar unidades especializadas y el reconocimiento de “alto riesgo”.
Una misión de eurodiputados que visitó Cádiz y Andalucía para analizar la muerte dedos guardias civiles en Barbate concluye que el Ministerio del Interior obstruye la investigación.
El documento al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias sostiene que la retirada de la embarcación patrullera embestida impidió su examen por la delegación. El texto añade que existe desventaja material de los agentes frente a las narcolanchas, falta de medios y financiación insuficiente. Señala el mal estado de salvavidas, escasez de personal y de chalecos antibalas.
El informe afirma que la retirada de la Zodiac de cinco metros, con la que los agentes se enfrentaron a una narcolancha de 17 metros, frustró la verificación técnica de la misión. Recoge también el ascenso de mandos que dirigieron la operación y apunta falta de transparencia en su rendición de cuentas.
La delegación reclama unidades especializadas en la zona y cita la recuperación del OCON-SUR. Pide el reconocimiento de la profesión de alto riesgo para los agentes y que los ataques a fuerzas de seguridad se tipifiquen como eurodelito.
La misión atribuye al Gobierno central una grave obstrucción a la finalidad de la visita por la retirada de pruebas clave. El informe sostiene que hubo falta de cooperación y limita el alcance de la investigación parlamentaria al no poder examinar material relevante.
Las asociaciones profesionales recuerdan que ya solicitaron la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska. La AUGC subraya que el documento constata la desventaja en la lucha contra el narcotráfico. Critica que, según el informe, un representante del Ministerio indicara que el concepto “profesión de riesgo” no figura en la ley española.
Desde la asociación Nuestro corazón por bandera, su portavoz Sara Murcia afirma: “Hemos visto que a pesar de las denuncias y de los hechos más que evidentes, nuestros políticos y el ministro de Interior hace caso omiso”. El alcalde de Barbate, Miguel Molina, pide al ministro que reflexione y asuma autocrítica, en línea con lo que reclaman familias y colectivos de guardias civiles.
El informe pide más recursos humanos y materiales, formación específica, protocolos de despliegue acordes a la amenaza y coordinación con otros cuerpos y autoridades portuarias. Reclama mecanismos de rendición de cuentas tras operaciones con resultado mortal y acceso a información operativa para fines de control institucional.
La delegación solicita al Ejecutivo un plan de refuerzo para el Estrecho y el Golfo de Cádiz, con indicadores de cumplimiento y evaluación.
El informe se incorporará a los trabajos de la comisión en la Eurocámara. Las conclusiones apuntan a carencias en medios y gestión y emplazan a Interior a responder sobre material, ascensos, protocolos y colaboración con la investigación parlamentaria.
A finales de 2023, la Confederación Española de Policía presentó ante el Parlamento Europeo la petición 1407/23, en la que se advertía del incremento significativo de las agresiones sufridas por los agentes en los últimos años.
En dicha solicitud se planteaba la necesidad de que la profesión policial fuese reconocida como actividad de alto riesgo mediante una Directiva europea, y que las agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad fueran tipificadas como eurodelitos.
Tras el asesinato de los guardias civiles en Barbate, el Parlamento Europeo acordó tramitar la petición por procedimiento de urgencia y enviar una misión de investigación a España con el objetivo de verificar los hechos denunciados y analizar la viabilidad de las medidas propuestas.
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