LE IMPONEN MEDIDAS CAUTELARES
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad a la presunta coordinadora de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenida el martes en Viladecans (Barcelona) al no ver delitos de terrorismo ni rebelión en sus acciones, por lo que la ha dejado en libertad imputada de un delito de desórdenes públicos. De Egea ha desoído así la petición del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien tras su declaración ha reclamado al juez su ingreso en prisión provisional.
En un comunicado, la Fiscalía cree que a Tamara C.G. se le atribuyen "delitos cometidos con finalidad de rebelión, sin perjuicio de las ulteriores calificaciones que puedan adoptarse tras el avance de la investigación" y, según fuentes presentes en la declaración, el fiscal ha mantenido ese delito y el de terrorismo en su exposición ante el juez. Sin embargo, De Egea le imputa un delito de desórdenes públicos, que no es competencia de la Audiencia Nacional y está tipificado con una pena de 6 meses a 3 años de prisión y, en su vertiente agravada (con uso de armas, explosivos o máscaras, o en el marco de una manifestación), con hasta 6 años de cárcel.
Para decretar su libertad, el juez le ha impuesto como medidas cautelares comparecencias semanales en el juzgado, prohibición de salir de su municipio de residencia salvo para ir al trabajo, autorización judicial para cualquier salida del término municipal en el que reside, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono.
Además, el magistrado ha decidido mantener bajo secreto esta causa en la que se trató de detener a otro presunto coordinador de los CDR, un hombre al que se intentó localizar el martes sin éxito en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y respecto al que De Egea ha decretado una orden de busca y captura. Según fuentes jurídicas, es por este segundo sospechoso por el que el juez no ha trasladado la causa a un juzgado ordinario, al no ser competente la Audiencia Nacional por el delito de desórdenes públicos.
Ese activista está siendo buscado por terrorismo y rebelión y, al estar pendiente que sea detenido y puesto a disposición judicial, el magistrado ha decidido mantener por el momento la causa en la Audiencia Nacional.
Según la Fiscalía, Tamara C.G., que solo ha accedido a responder a preguntas de su abogado, "habría desarrollado actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos".
En su nota de prensa, el ministerio fiscal añade que estos grupos actúan "con actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán" que se investiga en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, "como una clara una amenaza directa al orden constitucional establecido".
La Fiscalía ha explicado que el motivo de pedir prisión es por la gravedad de las penas que se le podrían imponer, además del riesgo de reiteración delictiva, dadas las acciones que la detenida presuntamente pretendía coordinar, unido a la finalidad de evitar la destrucción de pruebas.
Una de las principales pruebas que la Guardia Civil ha esgrimido contra la detenida es un archivo de audio difundido por las redes sociales en que explicaba acciones y estrategias que supuestamente se planteaban los CDR para Semana Santa, como cortes en los accesos a Mercabarna o al Puerto de Barcelona.
A la salida de la declaración, el letrado de Tamara C.G., Sergi Atienza, ha explicado a los medios que, a su juicio, la Fiscalía no ha hecho mención a ningún elemento que pueda sostener la prisión provisional de Tamara C.G. "Entiendo que de algún modo el ministerio publico hubiese hecho saber a su señoría, en relación a la justificación de la petición de prisión provisional, que había algún elemento incriminatorio más importante, de mayor entidad", ha señalado.
En el marco de la operación, la Guardia Civil registró la vivienda de la detenida, de nacionalidad española, donde encontraron documentos sobre el acuartelamiento del instituto armado en Barcelona, además de una agenda, cartelería, una memoria externa, un ordenador y teléfonos móviles.