TODOS AFEAN A RIVERA SU AFÁN DE PROTAGONISMO
El Congreso ha dado luz verde a la tramitación de una
iniciativa de Ciudadanos para impulsar una Ley integral contra la corrupción,
que incluya, entre otras medidas, la protección de los denunciantes y la
prohibición de los indultos por delitos de corrupción.
Todas las fuerzas políticas, salvo el PNV, se han mostrado favorables durante el debate parlamentario a la toma en consideración de esta proposición de ley, aunque también la mayor parte ha afeado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, su "afán de protagonismo" y tratar siempre de colgarse una "medalla".
En concreto le han reprochado que
presentase esta iniciativa en solitario y querer "boicotear" los
trabajos de la subcomisión sobre corrupción, cuya creación fue aprobada el
pasado 2 de febrero.
Rivera, que ha salido a defender esta propuesta en el
pleno del Congreso, al que han acudido como invitados representantes de la
Plataforma por la Honestidad, ha insistido en el mensaje de que el objetivo de
esta ley "es proteger a los héroes y no a los villanos".
Al defender en tribuna la proposición de ley, el presidente de Ciudadanos ha recordado que su iniciativa fue registrada el pasado 15 de septiembre para actuar ya contra la corrupción, pues considera que este problema afecta a todo el país.
A su juicio, tanto el PP como el PSOE
"llevan un ritmo de imputaciones y condenas" que explica por qué la
corrupción es uno de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía.
Asimismo, la proposición de ley plantea tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, una medida con la que, según ha dicho Rivera, el exvicepresidente Rodrigo Rato "no podría haber duplicado en un año su patrimonio sin dar explicaciones".
Otras medidas que ha resaltado Rivera son la eliminación de los plazos
máximos en la instrucción penal, que ve como un "obstáculo" del PP
para investigar la corrupción; mayores garantías de la independencia y la
imparcialidad de los secretarios e interventores de la Administración local; y
la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y
organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido sus empleados o
representantes.