DE LA PETROLERA PÚBLICA
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha llevado a cabo una operación por orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción contra una supuesta trama de blanqueo de dinero procedente de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La policía ha registrado oficinas de Raúl Morodo, catedrático de Derecho Constitucional, exembajador español en Caracas y, en la Transición, uno de los fundadores del Partido Socialista Popular que acabó integrándose en el PSOE.
Según fuentes jurídicas, la operación incluye varios registros y detenciones. La investigación, que lidera el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, abarca a Raúl Morodo y su hijo Alejo por supuestamente blanquear fondos venezolanos facturando por servicios de asesoría legal. En concreto, Anticorrupción persigue a Morodo y a su hijo por presuntos delitos de corrupción en las transacciones internacionales por las supuestas labores de consultoría a altos cargos venezolanos, y por el supuesto blanqueo posterior de los capitales obtenidos, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas. En el caso de Morodo hijo, se le viene investigando por el cobro de 3,8 millones de euros de PDVSA a través de una sociedad instrumental panameña con cuenta en Suiza entre los años 2008, cuando su padre abandonó el cargo.
Profesor de derecho Constitucional, Raúl Morodo fue nombrado embajador de España en Venezuela en julio de 2004, en la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Con anterioridad fue embajador en Portugal, diputado europeo, vicepresidente de la Internacional Liberal y Progresista y embajador extraordinario ante la UNESCO. Se trata de la segunda causa por blanqueo de capitales procedentes de presuntos delitos de corrupción en Venezuela que lleva la Audiencia Nacional, donde el Juzgado Central de Instrucción número 2 sigue las pesquisas sobre los pagos de la asturiana Duro Felguera en aquel país. En paralelo, dos juzgados de instrucción de Madrid tienen causas abiertas por delitos similares contra altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez que con la llegada de Nicolás Maduro, recalaron en España, como el ex ministro de Energía Nervis Villalobos. Además, siete diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela presentaron la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para instar a las autoridades españolas a investigar a otros tantos altos cargos y empresarios que se han instalado en el país. Solicitan que se contraste el origen del patrimonio del que dicen, hacen gala en España, y se persigan los delitos de corrupción y blanqueo de los que pudiera proceder.