SEGÚN UN INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
La CUP exigió en noviembre de 2016 al Govern, en plena negociación sobre su apoyo a los presupuestos de la Generalitat, que el ejecutivo les avisase si los Mossos d'Esquadra iban a detener a cargos del partido anticapitalista, tras la polémica por el arresto de la alcaldesa de Berga (Barcelona).
Esta exigencia de la CUP se produjo en una reunión mantenida el 8 de noviembre de 2016, cuyo contenido desvela la agenda de Josep María Lladó, que fue número 2 del exconseller Oriol Junqueras, que fue intervenida por la Guardia Civil durante el registro de su vivienda tras ser detenido el pasado 20 de septiembre, según detalla un informe la Guardia Civil.
La reunión se produjo el 8 de noviembre de 2016, cuatro días después de que el 4 de noviembre los Mossos d'Esquadra detuvieron a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós (CUP), por haber plantado dos veces al juez que la había citado por no retirar la estelada de un balcón del consistorio durante la campaña de las elecciones del 27S y el 20D.
En sus anotaciones, bajo el título "War Room" (Habitación de Guerra), Lladó detalla que en la reunión entre miembros del Govern y la CUP del 8 de noviembre se analizó la situación generada tras la detención de Venturós, que tensó la relación entre el ejecutivo catalán y la formación anticapitalista en plena negociación de los presupuestos de la Generalitat.
Los representantes del Govern trasladaron en la reunión a la diputada de la CUP Anna Gabriel que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había asegurado que los Mossos harían siempre lo que les ordenaran los jueces y que no recibirían ninguna directriz política del departamento de Interior.
Con el horizonte de una eventual detención del concejal de la CUP en Vic (Berga) Joan Coma, que también había plantado al juez de la Audiencia Nacional en una causa que tenía abierta por incitación a la sedición, los representantes del Govern pidieron a la CUP coordinar una respuesta para "ser eficaces en la gestión de la protesta", según consta en las anotaciones de Jové. La diputada de la CUP Anna Gabriel advirtió entonces de que su formación no renunciaría "a la estrategia de la desobediencia" y que no pedirían "nunca" a la gente que lo hiciera.
No obstante, solicitó al Govern que les avisaran en el caso de que los Mossos d'Esquadra tuvieran previsto detener a dirigentes del partido: "que algún mando avise al cargo político y que estén informados. ¿Puede ser? Así nos podríamos coordinar", recoge las anotaciones de Jové, en relación a la intervención de Gabriel en la reunión.
Por este motivo, en la reunión se planteó la necesidad de pactar un protocolo para actuar en este tipo de situaciones. Poco más de un mes después, el 27 de diciembre, agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra detuvieron a Coma en Vic, donde el concejal de la CUP, que estaba acompañado por varios de sus simpatizantes, entró, tras pasear tranquilamente por la calle, en un vehículo del cuerpo autonómico, sin ningún logotipo policial.
"El Estado español me detiene. Aprovechemos todo aquello que nos une para plantarle cara colectivamente. Un abrazo a todos, de corazón. Amor eterno", indicó Coma en un tuit, mientras la entonces consellera de Presidencia Neus Munté se solidarizó con el concejal y acusó al Gobierno de preparar para 2017 un "vergonzante calendario judicial".
La reacción a esta detención fue muy distinta a la tormenta política que desató la detención de Venturós, que llevó al entonces diputado de la CUP Benet Salellas, abogado de la alcaldesa, a criticar con dureza a los Mossos d'Esquadra y exigir al gobierno catalán que aclarara si estaba "con la justicia española" o con los "cargos electos independentistas" de Cataluña.
En plena negociación de los presupuestos, en la que la CUP tenía la llave para que el ejecutivo catalán sacara adelante sus cuentas -como finalmente ocurrió-, Puigdemont apoyó a Venturós, mientras Munté se apresuró a pedir a la CUP que no se dejase engañar "por las trampas que pone el Ejecutivo del PP"