Amnistía
La mesa del Congreso aprueba la polémica ley de amnistía: tensiones políticas y acusaciones de parcialidad.
En una sesión que se extendió por más de noventa minutos, los nueve miembros de la Mesa del Congreso se mantuvieron reunidos en el Salón de Ministros este martes. La mayoría conformada por PSOE y Sumar, con cinco diputados frente a los cuatro del PP, ratificó la aprobación de la ley de amnistía, generando un debate de alta relevancia que prolongó las deliberaciones.
La oposición del Partido Popular a esta ley se mantuvo firme, aunque en esta ocasión, a diferencia del acontecido en 2021, el respaldo de los letrados, liderados por el nuevo secretario general, Fernando Galindo (proveniente directamente del Gobierno), dio un giro al panorama. Además, se admitieron las comisiones de investigación del denominado 'lawfare'.
El PP había solicitado la recusación de Galindo argumentando que su imparcialidad se ve comprometida no solo por haber ocupado un cargo en el Ejecutivo hasta su nombramiento como letrado mayor del Congreso, sino también porque su pareja, Mercedes Cabrera, fue obligada a dimitir como directora general de Relaciones con las Cortes tras su designación. La presidenta, Francina Armengol, rechazó verbalmente su solicitud, sin ofrecer una respuesta escrita.
Fuentes del PP expresaron su molestia por la decisión y el procedimiento adoptado por la mayoría en la Mesa, recordando las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en las que reconocía que la ley de amnistía había sido concebida en el Gobierno como un "proyecto de ley" que solo sería impulsado a través del Grupo Socialista como proposición de ley. Esta relación directa entre Galindo y el entorno gubernamental llevó a los populares a cuestionar su imparcialidad en la emisión de un informe sobre una ley que fue crucial para la reciente investidura de Pedro Sánchez.
Durante la sesión de la Mesa, los representantes del PP interrogaron sin éxito por qué el informe de Galindo no mencionaba que el Gobierno, en la justificación de los indultos a los condenados por el 'procés', consideraba la amnistía como "claramente inconstitucional".
Mientras se discutía la ley de amnistía en la Mesa del Congreso, Félix Bolaños defendía la medida en el Ministerio de Justicia, promoviendo la "convivencia" como base fundamental de la legislatura, evitando mencionar directamente la palabra "amnistía".
Simultáneamente, la Mesa del Congreso aprobó, con el voto en contra del PP, las comisiones de investigación demandadas por Junts, relacionadas con los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils en 2017, así como con la llamada operación Cataluña, destinada supuestamente a desacreditar a políticos separatistas.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, denunció en conferencia de prensa lo que consideró una "anomalía democrática", criticando que la actividad del Congreso se vea supeditada a las exigencias de los aliados de Sánchez. Anunció un recurso ante la Mesa contra la tramitación de la ley, al igual que Vox, allanando el camino para una eventual apelación ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, confirmó que su partido presentará una querella contra los letrados y los miembros de la Mesa que respaldaron la tramitación de la amnistía, dando inicio a una batalla legal.
El debate en torno a la ley de amnistía y las comisiones de investigación despiertan tensiones políticas significativas, generando un clima de confrontación que podría llevar el conflicto al ámbito judicial en los próximos días.