Bronca política
Choque político po Aldama tras el pulso entre Fiscalía y acusación: "Hay que impedir que España se acostumbre a la corrupción, a la mentira y a la incompetencia"
Gobierno y oposición se enfrentan por el posible trato al comisionista en plena investigación.
El debate sobre la situación judicial del empresario Víctor de Aldama ha abierto un nuevo frente político por las diferencias entre la Fiscalía y la acusación popular. La posibilidad de modificar su situación penal ha provocado reacciones en el Gobierno, sus socios y la oposición.
Desde el PSOE descartan cualquier medida que suponga un beneficio para el comisionista. Consideran que no existen motivos para ello y ponen el foco en la falta de pruebas aportadas en el proceso. Además, recuerdan que el propio Aldama ha reconocido el cobro de comisiones vinculadas a la compra de material sanitario.
Gobierno y socios rechazan rebajas
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha cuestionado la posibilidad de conceder ventajas judiciales: "A los diputados se le puede otorgar beneficios si colaboran para con la justicia en que ha colaborado".
En la misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido la actuación del Ministerio Público: "La fiscal general está cumpliendo rigurosamente con su mandato, yo no comprendo que el mensaje que podamos mandar, hablando de corrupción, es que bajemos la pena al corruptor".
Desde la oposición, el enfoque es distinto. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vinculado la actuación de la Fiscalía con el Ejecutivo: "Pedro Sánchez ha logrado que, de nuevo, la fiscalía se ponga al servicio de Pedro Sánchez".
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado su crítica en la gestión política del caso: "Hay que impedir que nuestro país se acostumbre a la corrupción, a la mentira y a la incompetencia, urge que el poder recupere el pudor".
La Fiscalía mantiene su postura
La Fiscalía, por su parte, no ha modificado su posición y mantiene la petición de siete años de prisión para Aldama. La falta de acuerdo entre las partes mantiene abierto el debate político en torno al tratamiento judicial del caso.
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