Pacto PSOE-Junts
El Poder Judicial y asociaciones judiciales cargan en tromba contra las acusaciones de uso abusivo de la Justicia con fines políticos.
Tras intensas negociaciones y discrepancias, el PSOE y Junts per Cat cerraron el jueves su acuerdo para la legislatura. Así lo confirmó el secretario de Organización socialista Santos Cerdán y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Este pacto incluye el concepto de 'lawfare', expresión que hace referencia al uso abusivo de la Justicia con fines políticos o, lo que es lo mismo, a la judicialización de la esfera política. Jueces y fiscales han cargado contra el pacto afirmando que ven "riesgo evidente de quebrar la democracia". Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) usará los cauces legales establecidos ante acusaciones de 'lawfare'.
La Comisión Permanente del Poder Judicial se reunió en una sesión extraordinaria para aprobar una declaración sobre el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts. Califica de "inadmisibles", "tanto semántica como sustantivamente", las referencias al 'lawfare'. "Frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan 'responsabilidades' derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de 'lawfare', nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales", detalla el CGPJ.
Además, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), asociaciones progresistas y conservadoras, han firmado un comunicado conjunto en el que rechazan "las referencias al lawfare o 'judicialización de la política' y sus consecuencias".
Estas cuatro asociaciones jurídicas consideran que "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". "Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes". Así lo esgrimen en una nota recogida por Europa Press.
"Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución". "El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", denuncian.