Ley de amnistía
El 'lawfare' o judicialización de la política era uno de los requisitos pedidos por Junts para alcanzar el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.
PSOE y Junts han alcanzado unacuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Un acuerdo que llega tras días de intensas negociaciones y que contempla una ley de amnistía para los implicados en el procés. El documento sobre este pacto recoge, precisamente en el apartado sobre esa ley de amnistía, el término 'lawfare', expresión que hace referencia al uso abusivo de la justicia con fines políticos o, lo que es lo mismo, a la judicialización de la esfera política. Ahora bien, ¿qué supone exactamente la inclusión del concepto 'lawfare' en este acuerdo?
Aunque todavía se desconoce el texto de esta futura ley de amnistía, el acuerdo entre ambas formaciones ha dado algunos detalles al respecto, como que abarcará el periodo comprendido entre 2012 y 2023. También que cubrirá "tanto a los responsables como a los ciudadanos" -citando textualmente al documento- que han sido "objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a los eventos" del procés. Eso sí, sin precisar nombres concretos.
"Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", reza el acuerdo PSOE-Junts.
Es en este punto en el que se hace referencia al 'lawfare' ('guerra judicial'), algo que reclamaba con vehemencia el partido de Puigdemont y al que ya habían hecho referencia en varias ocasiones previas. De hecho, este había constituido uno de los principales obstáculos en las negociaciones y el motivo que se hayan dilatado en el tiempo.
Figuras clave del independentismo, como Laura Borrás o Gonzalo Boye, habrían sido, según Junts, víctimas de este 'lawfare' o "judicialización de la política". No obstante, al no especificarse qué decisiones judiciales son las que entrarán bajo el amparo de la ley de amnistía, también se ha acordado crear comisiones de investigación en las que se dirima la aplicación de la ley y que pueden derivar en responsabilidades o cambios legislativos.
"En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", reza el acuerdo firmado por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull.
El 'lawfare' era una exigencia de Junts debido a que puede abrir la puerta a que la amnistía también abarque a personas que han cometidos delitos que no están comprendidos directamente en el proceso independentista. Entre ellos se encontraría la presidenta de Junts, Laura Borrás, o el colaborador del expresidente catalán Carles Puigdemont José Luis Alay o el abogado del expresidente, Gonzalo Boye, todos ellos encausados en delitos distintos al proceso independentista.
No obstante, es preciso matizar que serán los jueces los que decidirán quiénes se verán beneficiados por la futura ley de amnistía. Así lo ha explicado Santos Cerdán, que ha explicado que la proposición de ley se pasará a todos los grupos parlamentarios para que lo revisen y firmen si así les parece: "A partir de ahí, tenemos que ver qué sucede contra los demás, no somos nosotros, sean los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. No se ha hablado de nombres en particular".