QUIERE INICIAR LOS INTERROGATORIOS EN FRANCIA

La Audiencia Nacional reclama a Josu Ternera dos millones por responsabilidad civil

La Audiencia Nacional inicia los trámites para proceder contra el detenido Josu Ternera. Remite información a Francia y reclama información para completar el procesamiento por delitos de lesa humanidad. Sería la primera vez que un etarra se sentaría en el banquillo con esa acusación.

La Audiencia Nacional ha dictado una orden europea de investigación para que las autoridades judiciales francesas interroguen al exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', sobre el delito de lesa humanidad por el que ha sido procesado en España. Ha adjuntado a la orden una batería de preguntas en relación a esta causa, en la que Ternera está procesado junto a otros tres exjefes de ETA por todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista desde 2004. En la misma providencia en la que Tardón acuerda librar orden europea de investigación se comunica al etarra, detenido el pasado jueves en Francia, donde se encuentra en prisión provisional, la fianza por valor de responsabilidad civil que se le impuso en el auto de procesamiento y que se eleva a dos millones de euros, han apuntado las fuentes consultadas.

Junto a Ternera, la anterior titular del juzgado, Carmen Lamela, procesó por crímenes de lesa humanidad a Mikel Karrera Sarobe 'Ata', Aitzol Iriondo Yarza 'Gurbitz', y Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', si bien sólo dictó auto de apertura de juicio oral contra los tres últimos, ya que el primero todavía se encontraba en búsqueda y captura. En el auto de procesamiento de esta causa se recogen siete atentados mortales cometidos por ETA desde el año 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad fue incorporado al Código Penal. La Audiencia Nacional entiende que los atentados se cometieron "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella" y que las víctimas lo fueron por su pertenencia "a un grupo colectivo perseguido por razones políticas, étnicas, religiosas". Por ello, de abrirse apertura de juicio oral, será la primera vez que miembros de la banda terrorista se sienten en el banquillo de los acusados por este tipo penal. La Audiencia les imputa un total de 25 delitos de asesinato terrorista por atentados como los que acabaron con la vida de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio en la T-4 de Barajas en diciembre 2006; el exconcejal socialista Isaías Carrasco en Mondrágón (Guipuzcoa) en marzo de 2008; el guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano (Alava) en mayo de ese año; y el brigada Luis Conde en Santoña (Cantabria) en septiembre. También atribuye a la cúpula de la banda los atentados que acabaron con la vida del empresario Ignacio Uría en Azpeitia (Guipúzcoa) en diciembre de 2008; el policía nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Vizcaya) en junio de 2009; y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Calviá (Baleares) en julio de 2009.

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