BEGOÑA GÓMEZ
El juez Peinado iba a recabar los correos electrónicos enviados y recibidos por la mujer de Pedro Sánchez, entre los años 2018 y 2025 desde su cuenta institucional en Moncloa.
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de recabar y analizar los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entre los años 2018 y 2025 desde su cuenta institucional en Moncloa, así como su remisión a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La Sección 23 de la Audiencia, ha estimado los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa de la mujer de Pedro Sánchez, contra una providencia dictada por el magistrado el pasado 3 de septiembre. En un auto con fecha del 9 de diciembre, la Audiencia considera que la solicitud de los correos carecía de la motivación necesaria y no respetaba los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad exigidos por la ley.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 había recibido copia de los mensajes enviados y recibidos desde la cuenta institucional de Gómez entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025, y posteriormente los remitió a la UCO mediante una providencia del 2 de noviembre. Sin embargo, esta actuación queda ahora sin efecto tras la resolución del tribunal.
Los magistrados subrayan que la interceptación de comunicaciones "debe acordarse mediante un auto judicial debidamente motivado y superar los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad".
La petición de los correos se enmarcaba en la investigación abierta para determinar si Begoña Gómez pudo influir en favor de las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como para aclarar su papel en una cátedra codirigida en la Universidad Complutense de Madrid o el posible uso de una asesora para actividades privadas.
Tanto la Fiscalía como la defensa calificaron la medida de "absolutamente desproporcionada" y denunciaron que vulneraba derechos fundamentales. El juez investiga a Gómez por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo profesional y apropiación indebida, y ha propuesto que, en caso de juicio, la causa sea enjuiciada por un jurado popular, una decisión que también ha sido recurrida.
Además de Begoña Gómez, en la causa también se están investigando a su asesora, Cristina Álvarez, y Juan Carlos Barrabés. Por el contrario, el magistrado ha levantado la imputación al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, siguiendo instrucciones de la propia Audiencia Provincial.
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