Fernández Díaz pide anular los mensajes con su número dos por falta de competencia de la Audiencia Nacional en el caso Kitchen

El juicio a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy por el caso Kitchen ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional, con el exministro Jorge Fernández Díaz y el que fue su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martíne en el banquillo, entre otros. En este tribunal se juzga, hasta el 30 de junio, una presunta operación parapolicial dirigida a sustraer documentos al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

Las defensas de ambos han solicitado anular los mensajes de WhatsApp entre ambos de las actas notariales. El motivo que alegan es que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar el 'caso Kitchen', debido a que no se trata de hechos relacionados con el caso Tándem o Villarejo.

Así mismo, el abogado de Fernández Díaz, Jesús Mandri, considera que la causa por la que está imputado el exministro no corresponde con un encargo específico de un particular al excomisario Villarejo, sino un operativo parapolicial para espiar a Bárcenas. Del mismo modo que sostiene que el caso Kitchen se investigó usando pruebas que deberían haber sido tratadas como un "hallazgo casual" e investigadas por otro tribunal, en lugar de ser incorporadas directamente por el juzgado que ya investigaba a Villarejo.

Por lo que, además de pedir la nulidad de los archivos de audio que dieron lugar a esta causa por el mero hecho de haberse instruido esta pieza durante 2 años y 7 meses y haber estado casi la totalidad de ese tiempo bajo secreto, reclama que se anule la celebración del juicio.

El PSOE pide imputar a Cospedal y su marido

El PSOE también ha realizado otra petición, la de investigar a la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro. La abogada socialista, Gloria de Pascual, reclama la "retracción de las actuaciones" de la pareja, para así ahondar en la "conexión política" de la supuesta trama.

Ambos ya fueron imputados en 2021, pero la causa quedó archivada. La defensa socialista ha dicho de la exsecretaria que fue Mariano Rajoy quien la informó "directamente" del "éxito de la operación de destrucción de pruebas".

La Fiscalía pide 15 años

Junto a Fernández Díaz, están acusados Francisco Martínez, el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, acudirá José Manuel Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem.

Tanto el exministro Jorge Fernández Díaz como el exsecretario del Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero para sustraerle esas posibles pruebas sensibles para el partido. Por estos hechos, la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel.

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel. Precisamente, la pena más larga es la que podría afrontar Villarejo. En total, son diez los acusados de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial para sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido y a algunos de sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Durante los primeros días, el tribunal dilucidará sobre las cuestiones previas. Posteriormente, escuchará a testigos como Cospedal, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría o el senador Javier Arenas.

Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias declararán el 20 de abril como perjudicados. Ambos han pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

El PP argumenta que es el pasado

Desde el Partido Popular se ha optado por desmarcarse de las acusaciones, alegando que la dirección del partido cuando ocurrió el caso no tiene "nada que ver" con la directiva actual de los populares, así lo dijo Isabel Díaz Ayuso en declaraciones, igual que el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, que alega que "el PP de 2026 no es Kitchen ni Gurtel", y ha recordado que en el entorno de Feijóo no hay casos de corrupción, en referencia al caso Koldo.

Reportaban toda la información a Fernández Díaz

Según Anticorrupción, el entonces DAO, con el "acuerdo pleno" de Fernández Díaz y Martínez, contactó con Ríos, chofer de Bárcenas. Ese acuerdo alcanzado entre Ríos y la cúpula policial llevó a que les "informase de forma exhaustiva" las citas y reuniones que celebraban Bárcenas y su esposa entre julio de 2013 y septiembre de 2015.

Como contraprestación por su labor, Ríos recibió 2.000 euros mensuales, abonados con cargo a los fondos reservados de Interior, llegando a recibir presuntamente hasta 54.000 euros, además de una licencia de armas y una pistola por sus servicios.

Para Anticorrupción, el mecanismo era el siguiente: Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo trasmitían a Pino y Martínez la información y documentación relativa a Bárcenas que Ríos les hacía llegar. Estos, a su vez, reportaban "toda esta información a Fernández Díaz como máximo responsable del Ministerio del Interior".

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