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La Junta de Castilla y León celebra que la Fiscalía Superior de la Comunidad archive la denuncia para que se investigasen posibles delitos ante la supuesta negativa a hospitalizar a los ancianos enfermos, durante los tres meses del estado de alarma por el coronavirus.
La Junta cree que no cabe hacer denuncias genéricas, es decir, que no se puede plantear la realización de investigaciones generales sobre la conducta o actividades de una Administración. En definitiva, señala que las consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades han actuado correctamente, que no existe fundamento para ejercitar acción alguna contra ellas y los hechos descritos no revisten carácter de acción punible en la vía penal.
La Dirección de los Servicios Jurídicos trasladó toda la documentación necesaria para defender que en ningún caso se produjo una prohibición de traslado de los mayores a los hospitales, y se garantizó la debida asistencia y atención sanitaria en las propias residencias.