Juicio Gürtel
La Audiencia Nacional ha acordado aplazar el juicio al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por el caso Gürtel ante las "dificultades" denunciadas por algunas defensas.
La Audiencia Nacional ha acordado suspender el juicio al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por el caso Gürtel ante las "dificultades" denunciadas por algunas defensas para acceder a la documentación de la causa y para evitar causar "indefensión" a los acusados, que pueda llevar a "una posible nulidad de actuaciones".
Apenas veinte minutos ha durado la primera jornada del juicio que ha iniciado este lunes el tribunal, el que ha sentado en el banquillo a Camps por el último fleco del caso Gürtel que tiene pendiente: la presunta adjudicación irregular a una empresa de la trama de un expositor de Fitur, en 2009, por el que se enfrenta a una petición de 2 años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación.
El presidente del tribunal que juzga estos hechos, José Antonio Mora Alarcón, ha indicado que no tiene "más remedio" que aplazar el juicio y "dar un lapsus de una semana" para "garantizar el derecho a la defensa" y que todos los abogados puedan acceder a la documentación de la causa.
"Dificultades para acceder a la documentación"
El letrado de Francisco Camps ya subrayó a apenas unas semanas del juicio esas dificultades para acceder a toda la documentación, si bien el tribunal rechazó entonces suspender el juicio y le invitó a que lo pusiese de manifiesto durante la primera jornada.
Minutos antes de sentarse en el banquillo, Camps ha vuelto a subrayar su inocencia y ha puesto de nuevo en valor que fue absuelto del único juicio al que se enfrentó por esta causa, el conocido como "el de los trajes", que lo llevó a dimitir en 2011, y que todas las piezas que se abrieron contra él fueron archivadas a su favor.
Anticorrupción acusa a Camps de dar instrucciones para que adjudicasen a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, el montaje de un expositor del pabellón de la Comunidad Valenciana por 366.529 euros.
Además de él, están acusadas más de una veintena de personas, incluidos varios ex altos cargos del gobierno valenciano, y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.
Estos tres últimos forman parte de la decena de acusados que han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía; también lo han hecho ex altos cargos de la Generalitat como Silvia Caballer, Vicente Farnós, Enrique Navarro o Enrique Bort.