Ángel Víctor Torres y Armengol declararán por escrito en el caso mascarillas

El Tribunal Supremo ha autorizado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, presten declaración por escrito en el juicio del denominado caso mascarillas. Ambos comparecerán como testigos en el proceso, que comenzará el próximo 7 de abril, tras la decisión de la Sala Segunda de aceptar el formato solicitado por los dos cargos públicos.

Torres y Armengol fueron citados en calidad de testigos por su etapa como presidentes autonómicos de Canarias y Baleares durante la pandemia, periodo en el que ambas administraciones contrataron material sanitario con la empresa Soluciones de Gestión, eje de la investigación.

Declaración no presencial

Los dos responsables institucionales solicitaron acogerse a los artículos 412.2 y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permiten evitar la comparecencia presencial. El Supremo ha admitido esta fórmula, aunque con matices, al señalar que el "privilegio" concedido "plantea serias dudas de acomodación al esquema garantista del proceso penal".

Pese a estas reservas, el tribunal ha considerado que "el precepto legal es claro" y ha optado por permitir las declaraciones por escrito, garantizando al mismo tiempo el derecho de las partes a la defensa.

Como parte del procedimiento, la Sala elaborará dos informes basados en el escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción. Estos documentos deberán ser respondidos por Torres y Armengol, quienes estarán obligados a detallar los hechos conocidos "por razón de su cargo" y a reflejar "la verdad de lo que informan".

El contenido de estos informes también tendrá en cuenta las pretensiones de las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García, que solicitaron las testificales de ambos exdirigentes autonómicos.

Contratos bajo investigación

Según la Fiscalía, la presunta trama facilitó a Víctor de Aldama una "interlocución privilegiada" con las administraciones de Canarias y Baleares. A través de esta relación, la empresa Soluciones de Gestión habría obtenido contratos millonarios durante los momentos más críticos de la pandemia.

El Ministerio Público sostiene que estas adjudicaciones permitieron el cobro de comisiones, parte de las cuales habrían llegado a los principales investigados. Por su parte, las defensas consideran que las declaraciones de Torres y Armengol pueden resultar relevantes para esclarecer el contexto en el que se produjeron las contrataciones.

En este sentido, la defensa de Koldo García sostiene que el testimonio de la presidenta del Congreso es "indispensable para que confirme" que la contratación respondió a la situación de desabastecimiento global y no a indicaciones externas.

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