Supremo
El exministro recurre el suplicatorio para suspender su inmunidad, alegando vulneración de derechos fundamentales y una actuación irregular por parte de la Guardia Civil.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado este viernes un recurso de reforma ante el Tribunal Supremo para solicitar la nulidad de la causa abierta en su contra en el marco del denominado 'caso Koldo'. La defensa de Ábalos alega que se ha producido una vulneración de sus derechos fundamentales, y ha señalado que fue objeto de una "investigación ilegal" por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En su escrito, el equipo legal de Ábalos también impugna la decisión de solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados, requerido para levantar la inmunidad parlamentaria del exministro. La defensa sostiene que el auto del magistrado Leopoldo Puente, que fundamenta la solicitud del suplicatorio, se basa en "tres únicas diligencias" que no justificarían la apertura de la causa.
Uno de los puntos clave del recurso presentado por Ábalos es la denuncia de que la UCO habría interceptado sus mensajes privados, a pesar de que el exministro cuenta con la condición de aforado como diputado. Según el documento remitido al Supremo, la UCO accedió a documentación enviada a Ábalos a través de su exasesor, Koldo García, en una operación en la que participó el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil.
El recurso detalla que, el 4 de noviembre de 2023, la furgoneta en la que se transportaba la documentación fue interceptada entre Alicante y Valencia. Durante la intervención, los agentes localizaron un sobre con el nombre de "José Luis Ábalos Meco" en la parte delantera, cerrado y con el sello oficial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Los agentes, según el escrito, procedieron a abrir el sobre, fotografiar su contenido y tomar imágenes del coche que había recogido la documentación.
La defensa del exministro alega que esta actuación supone una "violación flagrante" del secreto de las comunicaciones y la correspondencia, protegido por la Constitución española. Esta circunstancia, asegura la defensa, debería invalidar todo el procedimiento.
El escrito también pone en duda la validez de los elementos que sustentan la acusación contra Ábalos. La defensa asegura que no existe prueba documental que acredite que el exministro percibiera beneficios económicos vinculados a la presunta adjudicación irregular de contratos públicos.
La defensa de Ábalos sostiene que las acusaciones provienen "únicamente de las manifestaciones" de De Aldama, cuyas declaraciones, según la defensa, no deberían considerarse pruebas sólidas.
"Nunca en los anales de la Audiencia Nacional se ha puesto en libertad a un presunto colaborador con la Administración de Justicia de forma tan inusual", subraya el letrado, aludiendo a la excarcelación de De Aldama tras prestar declaración. La defensa califica esta liberación de "insólita" y denuncia que la documentación mencionada por De Aldama no ha sido requerida ni analizada.
Otro de los puntos abordados en el recurso se refiere a los presuntos regalos que habría recibido Ábalos en forma de beneficios inmobiliarios. La acusación señala que el exministro se habría beneficiado del alquiler de una vivienda en la Plaza de España de Madrid y de un chalet con opción a compra en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz.
Sobre la vivienda en Plaza de España, la defensa de Ábalos asegura que el exministro "ni disfrutó ni percibió" ningún beneficio por el alquiler de dicho piso, que habría sido utilizado por su expareja. El recurso afirma que el inmueble se encontraba arrendado por los hermanos García Izaguirre y Alberto Escolano, bajo la modalidad de "vivienda de empresa".
En cuanto al chalet de La Alcaidesa, el recurso argumenta que Ábalos pagó de su bolsillo la totalidad de las rentas del alquiler y que la relación contractual se resolvió de mutuo acuerdo con la propiedad. Además, la defensa asegura que se aportó la documentación pertinente para acreditar estos pagos y justificar la desvinculación del exministro de cualquier beneficio económico ilícito.
El letrado que representa a Ábalos subraya que la actuación de la UCO y la solicitud de suplicatorio vulneran los derechos fundamentales del exministro. La defensa insiste en que la interceptación de la correspondencia, la apertura del sobre y la captura de imágenes de su coche constituyen "hechos de suma gravedad" que deben ser corregidos por el Tribunal Supremo.
En el recurso, se advierte que, si el juez Leopoldo Puente no accede a la petición de nulidad, se presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El objetivo sería que se reconozcan las vulneraciones de los derechos fundamentales de Ábalos y se anule la investigación en su contra.
"Se está acusando de la recepción de dinero en efectivo, sin prueba documental ni gráfica, más allá de las palabras de un investigado", sostiene la defensa, que reitera la falta de Con este movimiento, el exministro busca paralizar una investigación que podría afectar su carrera política.
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