Las 10 bases del PP para negociar los gobiernos autonómicos con Vox: vivienda, política migratoria o aprobar los presupuestos de toda la legislatura

El Partido Popular ha aprobado un "marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica" que establece un sistema único, vinculante y de aplicación nacional para cualquier negociación tras las elecciones. El texto fija condiciones obligatorias sobre unidad nacional, proporcionalidad en el reparto de poder, política fiscal, inmigración, vivienda, seguridad, educación y sanidad, y exige como garantía mínima la aprobación de cuatro presupuestos y un método de seguimiento que evite el "chantaje parlamentario".

La dirección nacional asume así el control de los futuros acuerdos allí donde la aritmética parlamentaria obligue a negociar. El documento parte de una premisa política: el rechazo al actual Gobierno central y la necesidad de abrir una nueva etapa. En ese contexto, el PP defiende que su obligación es establecer reglas claras para evitar, según recoge el texto, "chantajes políticos y privilegios injustificables".

Vox ha optado este lunes por reajustar su estrategia en las negociaciones con el Partido Popular para la formación de gobiernos autonómicos en Extremadura y Aragón.

Diez principios para negociar

El marco fija diez puntos que deberán respetarse en cualquier pacto. El primero exige "pleno respeto a la unidad nacional, al marco constitucional y al Estado de Derecho". El segundo subraya el acatamiento del reparto competencial vigente, limitando los acuerdos a las competencias legales de cada administración.

Entre los principios políticos, el partido establece que ningún acuerdo podrá contradecir su programa electoral y que el reparto de poder deberá ajustarse a la proporcionalidad que determinen las urnas. También deja claro que un pacto no implica diluir identidades políticas propias, aunque advierte de que "ninguna diferencia está por encima del interés de España".

El documento incorpora además compromisos programáticos que sitúa como prioritarios en el ámbito autonómico. Entre ellos figuran la bajada de impuestos dentro de las competencias regionales, la reducción de trabas burocráticas, la defensa del sector primario, la revisión de políticas energéticas y un impulso a la oferta de vivienda mediante más suelo y menos carga administrativa.

Fiscalidad, inmigración y seguridad

En materia fiscal, el texto plantea utilizar "todas las competencias fiscales autonómicas para bajar impuestos" con el límite de garantizar los servicios públicos esenciales. En inmigración, defiende el control de fronteras y la expulsión de quienes cometan delitos graves, al tiempo que rechaza regularizaciones masivas.

El marco también recoge posiciones sobre natalidad, familia, educación y seguridad ciudadana. En educación, aboga por un sistema "exigente" y rechaza el "adoctrinamiento ideológico". En seguridad, propone coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una respuesta penal reforzada frente al crimen organizado.

La sanidad ocupa un apartado específico en el que el partido se compromete a reforzar plantillas, planificación y atención primaria desde el ámbito autonómico.

Estabilidad y seguimiento

El último bloque introduce una condición institucional relevante: cualquier acuerdo deberá garantizar la aprobación de cuatro presupuestos y establecer un método de seguimiento que asegure el cumplimiento del pacto. El texto insiste en evitar la "incertidumbre permanente" y el "chantaje parlamentario".

Así son las 10 condiciones

El primero establece una condición política y jurídica: todo acuerdo deberá ajustarse a la Constitución, al Estado de Derecho y a la unidad nacional, descartando cualquier fórmula que se sitúe fuera del marco legal vigente.

En segundo lugar, el texto subraya que los pactos deberán respetar el actual reparto competencial. Es decir, solo podrán incluir medidas que estén dentro de las atribuciones propias de cada comunidad autónoma. El tercer punto introduce un compromiso institucional: la defensa de la separación de poderes, el respeto a la Jefatura del Estado y la protección del prestigio de las instituciones autonómicas.

En el plano político, el PP fija como cuarta base la coherencia programática. El partido podrá ampliar propuestas, pero no aceptar iniciativas que contradigan su programa electoral. A ello se suma un quinto principio: la igualdad ante la ley y la defensa de la libertad individual, con rechazo expreso a medidas que generen desigualdad por territorio, ideología, lengua, sexo u origen.

El sexto criterio regula el reparto de responsabilidades. El documento sostiene que tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo debe respetarse la proporcionalidad que determinen las urnas, ajustando el peso institucional al resultado electoral.

El séptimo punto deja claro que un acuerdo no implica diluir identidades políticas. El PP reivindica su identidad propia, aunque sostiene que ninguna diferencia debe situarse por encima de la gobernabilidad.

La octava base agrupa el contenido programático que considera prioritario en el ámbito autonómico. Incluye compromisos en materia fiscal, reducción de burocracia, defensa del sector primario, política energética, vivienda, ocupación ilegal, inmigración, natalidad, educación, seguridad y sanidad.

En noveno lugar, el texto establece que los gobiernos deberán funcionar con responsabilidad colegiada. Todos los socios asumirán conjuntamente las decisiones y su ejecución presupuestaria.

Por último, el décimo principio introduce una garantía de estabilidad: cualquier pacto deberá asegurar la aprobación de cuatro presupuestos y un mecanismo de seguimiento que evite bloqueos parlamentarios o situaciones de inestabilidad permanente.

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