16 FAMILIAS OCUPAN EL BLOQUE DESDE HACE SIETE MESES

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos paraliza un desahucio en Salt, Girona

El Tribunal Europeo ha ordenado la suspensión cautelar del desalojo del boque de viviendas, en el que vivían 16 familias con 21 niños desde hacía más de medio año. El gobierno español debe informar antes del 29 de octubre al organismo comunitario sobre la situación en la que se encuentran los habitantes de este inmueble.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), ha ordenado la suspensión cautelar del desalojo de un bloque de viviendas de Salt ocupado desde hace siete meses por 16 familias con 21 niños, según ha informado el abogado de los ocupantes, Benet Salellas. 

Esta decisión ha sido acogida con gran alegría, cánticos e incluso con lágrimas por un millar de personas, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que desde anoche se han ido concentrando en apoyo de estas 16 familias que viven en este bloque ocupado y que tenían una orden judicial para abandonarlo antes de las 09.30 horas de esta mañana. 

La Sareb, propietaria del inmueble, había solicitado el pasado mes de agosto el desalojo del bloque de viviendas, medida que finalmente fue acordada por la Audiencia de Girona, que fijó la ejecución del desalojo para el día de hoy. 

El abogado Benet Salellas recurrió ante el Tribunal de Derechos Humanos para que paralizara temporalmente el desalojo, medida que ha sido aceptada por este organismo europeo hasta el 29 de octubre, mientras pide al Gobierno español que le informe antes del día 24 sobre la situación en la que se encuentran los habitantes de este inmueble, un total de 43 personas, entre los que hay 21 niños. 

Salellas ha explicado que la resolución de la medida cautelar les ha llegado esta mañana a primera hora y ha destacado la importancia de la documentación remitida ayer a Estrasburgo "con la petición de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que también reclamaba este aplazamiento". 

"Ahora, el Tribunal pedirá a España que acredite la protección que se dará a estos niños y familias, que las realoje y que dé cumplimiento al derecho a la vivienda reconocido a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos", ha explicado el letrado. 

Benet Salellas ha acusado a las autoridades judiciales españolas de "dejadez" y ha subrayado que, por contra, Estrasburgo ha apreciado "evidentes indicios de que puede haber en este caso una infracción de derechos fundamentales".

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