AFIRMADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS

La Seguridad Social desmiente que 30.000 fallecidos reciban una pensión

Después de la afirmación del Tribunal de Cuentas que decía que 30.000 muertos siguen 'cobrando' una pensión, la Seguridad Social ha negado que eso sea cierto. El Ministerio de Empleo ha hecho hincapié en que el procedimiento de detección de fallecimientos garantiza el máximo rigor.

La Seguridad Social ha desmentido "rotundamente" que 30.000 personas fallecidas estén percibiendo una pensión pública, como afirma un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas referido a 2014 y aprobado por el Pleno del Tribunal.

Según este informe, el Tribunal de Cuentas ha detectado que 29.321 pensionistas supuestamente fallecidos siguieron cobrando su pensión en 2014 por un importe de, al menos, 25,3 millones de euros sólo en la nómina de diciembre de ese año.

Además, el 95 % de los fallecidos (un total de 27.860) seguía cobrando la pensión en octubre de 2015. En nota de prensa, el Ministerio de Empleo ha explicado que el control de las defunciones se hace por cuatro vías complementarias.

Intercambio diario y automático de datos de defunciones con el Ministerio de Justicia y mensual con el Instituto Nacional de Estadística, detección de fallecimientos por las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y presentación anual de fe de vida para residentes en el extranjero.

Además, según ha informado Empleo, del total de defunciones en España en 2014 (395.830) el 95 % de las misas fueron comunicadas por el Ministerio de Justicia al INSS a través del intercambio electrónico diario con un desfase inferior a seis días entre la fecha de defunción y la de la comunicación.

El 5 % restante se detecta a través del INE. El Ministerio de Empleo ha hecho hincapié en que este procedimiento garantiza el máximo rigor en el abono de las pensiones, por lo que "el riesgo de falta de detección del fallecimiento de un beneficiario de pensión es prácticamente nulo o inexistente".

Asimismo, ha recordado que de producirse un abono indebido de una prestación por cualquier causa, la Seguridad Social puede reclamar su devolución, lo que garantiza en todo momento la protección de los recursos públicos.

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