SMI
La revalorización acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos sitúa el salario mínimo en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. Este martes, el Gobierno llevará su aprobación al Consejo de Ministros.
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han firmado este lunes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. El incremento será del 3,1% y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, una vez lo apruebe formalmente el Consejo de Ministros. El nuevo SMI queda fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos al año a jornada completa.
El salario mínimo es la cuantía mínima legal que puede percibir un trabajador por una jornada completa, sin distinción de sector o profesión. En contratos a tiempo parcial, se calcula de forma proporcional. Esta subida debería reflejarse ya en la nómina de febrero y, en cualquier caso, las cantidades correspondientes a enero se abonarán de manera retroactiva.
El incremento no implicará pagar IRPF. Aunque en las retenciones mensuales pueda aplicarse, el Gobierno prevé compensarlo vía deducciones para que el aumento sea efectivo y no quede reducido por la fiscalidad.
Según el Ejecutivo, cerca de 2,5 millones de trabajadores cobran el SMI, aunque un estudio de CC.OO. rebaja la cifra a 1,66 millones. La mayoría son mujeres, jóvenes, trabajadores con contrato temporal y empleados en sectores como la agricultura, la hostelería o el comercio. Por territorios, Canarias y Extremadura concentran los porcentajes más elevados.
En los últimos ocho años, el SMI ha pasado de 736 euros en 2018 a los actuales 1.221 euros, una subida acumulada del 66%. El objetivo declarado es situarlo en el 60% del salario medio. La patronal CEOE no ha respaldado el acuerdo. Como en los últimos años, la decisión final corresponde al Gobierno tras consultar a los agentes sociales.
Con el nuevo SMI fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, así quedarían algunos casos concretos:
El Gobierno también se ha comprometido a tramitar una norma específica para limitar la absorción de pluses, con el objetivo de evitar que complementos como el de peligrosidad o toxicidad desaparezcan como consecuencia directa de la subida del salario mínimo.
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