Turismo
Barcelona, una de las ciudades que más está sufriendo las consecuencias de la masificación turística, busca el equilibro entre el crecimiento económico y las reclamaciones sociales.
"Turismo sí, pero no así", es una de las reivindicaciones que han resurgido durante la nueva ola de protestas contra el turismo masivo, volviendo a inundar ciudades por toda España, entre las que figuran Barcelona, Málaga y Madrid, así como los dos archipiélagos. Los colectivos sociales llevan años advirtiendo sobre la 'cara de B' de uno de los sectores con mayor peso en nuestro país: el turismo masivo está acabando con la identidad y vida autóctona los barrios. Pese a las advertencias, movilizaciones y ocasionales medidas, las cifras de este gigante económico no paran de crecer.
No es casual que las movilizaciones prevalezcan en Cataluña y los archipiélagos. Estos son los destinos preferidos de los visitantes extranjeros. En total, han acogido a más de la mitad de los turistas no nacionales que en 2023 visitaron nuestro país. Una actividad turística que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística reportó cerca de 156.000 millones de euros en 2022, es decir, un 11,6% del nuestro PIB, mientras que las ramas relacionadas con esta actividad, generaron más de 1,9 millones de puestos de trabajo, que equivaldría a un 9,3% del empleo total a nivel nacional.
Las bondades económicas en los últimos años se han visto parcialmente eclipsadas por un fenómeno cada día más presente: la turificación, que aunque lleva décadas gestándose en el litoral, se agudizó a partir de 2008, como recuerda el investigador del departamento de antropología de la Universidad de Barcelona, Claudio Milano: "El turismo ha tomado un papel enorme para salir de la propia crisis, tanto que hemos empezado a hablar de una turistificación de la vida cotidiana".
Ya conocemos las consecuencias. Basta con pasearse por sus centros históricos para comprobar como las tiendas de barrio han sido sustituidas casi en su totalidad por grandes superficies, con logos que se repiten por todo el mundo, así como portales llenos de carteles de 'alojamiento turístico', o pequeñas cajas de seguridad, que han acabado fomentado un desplazamiento de la población local hacia otras zonas.
"El alcalde Trías pasó de dar 40-50 licencias de pisos turísticos a 9.600 entre 2012 y 2015", apunta Milano. En la actualidad, esta cifra se sitúa en cerca de 10.000 inmuebles turísticos legales, que podrían tener los días contados. Fue el pasado 21 de junio cuando el Jaume Collboni, alcalde socialista de Barcelona, proclamó su intención de no renovar en 2028 ninguna de estas licencias. "Hemos decidido ir a fondo para que se conviertan en viviendas residencias", afirmaba ante la prensa, en un contexto de alquileres por las nubes, y desajuste entre oferta y demanda de vivienda.
La decisión puso en pie de guerra a las patronales de pisos turísticos: "Lo hemos recibido con preocupación", reconoce Marian Muro, directora general de APARTUR (Asociación de apartamentos turísticos de Barcelona): "Entendemos que es una medida que no es legal, (...) en caso de expropiación lo que se tiene que hacer es indemnizar económicamente a la parte afectada (...) las licencias de estos pisos turísticos eran y son un derecho sin caducidad", apunta Muro. La CEO de APARTUR anticipa que finalmente la medida no se llegará aplicar. Razona que "el 40% del alojamiento turístico, son viviendas turísticas (...) si yo prescindo del 40% de mi capacidad de alojamiento como ciudad, hay muchísimos eventos, congresos, ferias, que no los va a poder acoger la ciudad".
El investigador de la Universidad de Barcelona también alberga dudas sobre el anuncio de Collboni. Asegura que "parece pura propaganda", ya que se produjo en mitad de un gran debate mediático sobre el papel del turismo, y con vistas a nuevas movilizaciones contra la turistificación. Claudio Milano introduce una nueva idea al apuntar a que "realmente no sirve de nada" la no renovación de estas licencias turísticas si únicamente ese limita a la Barcelona Metropolitana: "Lo podemos prohibir aquí, pero si luego en L'Hospitalet y Badalona abrimos el grifo, no tiene ningún sentido", sentencia.
"Un desplazamiento de plazas en pisos turísticos"
El anuncio del alcalde de Barcelona, Collboni, se alinea, al menos de forma parcial, con las peticiones de colectivos como Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT). Una asamblea nacida hace 9 años, de coordinación de diferentes entidades, y con gran actividad en la Ciudad Condal. Han sido convocantes de algunas de las manifestaciones contra el turismo más multitudinarias. Desde ABDT han hecho público un manifiesto donde recogen la reducción de la oferta de alojamientos turísticos, junto a otras 12 propuestas para paliar el impacto de los cerca de 31 millones de personas que visitan la ciudad anualmente. "Collboni anunció esta medida para dentro de cinco años, ¿qué vamos a hacer mientras tanto?", se preguntan.
Junto a al anuncio, el alcalde del PSC también abordó un posible crecimiento en unas 5.000 plazas en el sector hostelero, que se sumarían a otras 15.000 plazas en el área metropolitana. "Si esto se confirma, se trataría de un mero desplazamiento de plazas en pisos turísticos a plazas en hoteles", explican fuentes de Assemblea de Barris.
"Incrementar la tasa turística hasta el 12,5% del precio de la pernoctación y de 11 euros para las personas que lleguen crucero", se trata de otra de las reivindicaciones de ABDT que vuelve a chocar con la actualidad. Hace apenas una semana, que el consistorio de Barcelona dio luz verde a aumentar la parte del recargo de tasa turística que gestiona, hasta los 4 euros por persona y noche. La propuesta ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales, a excepción de PP y Vox. Está previsto que su aprobación definitiva se produzca en el pleno del próximo viernes. El objetivo es que afecte a todas las modalidades de alojamiento.
Se trata de la segunda subida en lo que va de año. Ya desde el 1 de abril de 2024, el consistorio pasó a recaudar 3,25 euros por cada turista que visitaba la ciudad, sin importar el tipo de alojamiento, o el tiempo que permaneciera en ella. Estos 4 euros suponen el máximo contemplado en la legislación y se suman al impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET) gestionado parcialmente por Generalitat, que, en este caso sí, oscila entre los 1 euros y 3,50 euros. Ambas partidas conforman lo que se entiende como 'tasa turística', que en total se situará entre 5 y 7,50 euros.
Es una de las principales fuentes de ingresos para el Ayuntamiento. Fuentes del consistorio apuntan a que con este incremento se prevé recaudar cerca 94 millones de euros durante este año, que se destinarán a financiar el uso intensivo de algunos servicios públicos como la limpieza, seguridad o el transporte, o la climatización de las escuelas públicas de la ciudad… además de dedicar una partida a la promoción turística, como viene recogido por ley. Es decir, parte de los fondos de la tasa turística, además de contribuir a mitigar algunos efectos negativos del turismo, se encuentra destinados a atraer más turistas.
En cuanto a su efectividad, Claudio Milano se refiere al caso de Venecia, donde la implementación de esta tasa ha resultado lo que tacha de "un fracaso". "Realmente hemos visto que en estos meses no ha disminuido (el tránsito de gente) y lo que ha hecho ha sido generar más legitimidad al sector, diciendo que tenemos más dinero gracias a la tasa turística".
Desde Assemblea tampoco se muestran conformes: "Entendemos que no será suficiente", defienden que esta reinversión de la tasa a menudo se centra "en los espacios más explotados por el turismo, de manera que están siempre a punto para que esa explotación se repita hasta el infinito". Alegan que este recargo podría ser más efectivo si lo asumiera la empresa y no el consumidor como sucede, ya que así: "Sí se estaría reduciendo el margen de beneficio y desincentivando la inversión turística".
Desde APARTUR proponen algo diferente. Marian Muro sugiere que "temporalmente y dada la emergencia que hay en el tema de la vivienda", este aumento en la recaudación de la tasa turística se transforme en una ayuda para el acceso a la vivienda.
Estas últimas medidas, anunciadas en una de las ciudades que más está sufriendo la presión turística, si bien parecen producirse en la dirección correcta, son vistas con recelo tanto por parte de la patronal de pisos turísticos, como por los colectivos sociales. "Ilegales" o "insuficientes", lo cierto es que todos coinciden, con matices, en la importancia de abrir un debate sobre un cambio de modelo en la industria turística, en Barcelona a nivel local, y España a nivel nacional.
El investigador de la Universidad de Barcelona, Claudio Milano, lanza una crítica a la clase política, al considerar que "estamos muy lejos de afrontar los problemas estructurales y de desigualdad". Advierte que "lo que sí necesitamos es una voluntad política de afrontar el problema, más que poner el foco sobre el turista".
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