RED ELÉCTRICA
El coste de los servicios del sistema eléctrico ya supera los 1.800 millones en 2026 y encarece la factura hasta niveles que preocupan a empresas y consumidores.
El martes 28 de abril de 2025 se produjo el apagón que dejó sin electricidad a la Península Ibérica. Un año después, la electricidad sigue estando en el centro del debate. En esta ocasión es el fuerte aumento de los costes asociados a los servicios del sistema, incluido el recargo para evitar apagones, lo que ha llevado a las grandes eléctricas, comercializadoras y la industria a pedir cambios urgentes.
Reclaman más transparencia, una reforma del recibo y una rebaja fiscal que alivie el impacto en los hogares y empresas. Según estima Aelec con los datos de Red Eléctrica, estos costes se han disparado en lo que va de año hasta alcanzar los 1.800 millones de euros, una cifra que podría seguir creciendo en los próximos meses. Solo entre el 1 y el 23 de abril, el sobrecoste ya superaba los 320 millones.
El incremento no pasa desapercibido. Los consumidores están pagando una media de 23,58 euros más por megavatio hora, un coste que en muchos momentos llega a ser incluso superior al propio precio mayorista de la luz.
Este encarecimiento tiene consecuencias directas. En el caso de la industria, estos costes pueden suponer hasta un 25% del precio de fabricación de algunos productos, lo que impacta de lleno en la competitividad. Además, uno de cada tres euros de la factura eléctrica ya no corresponde al mercado de la energía, sino a estos servicios adicionales.
Parte de este aumento se explica por las medidas adoptadas para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico tras el apagón y por el encarecimiento del gas tras la guerra entre EEUU, Israel e Irán. El llamado recargo antiapagón se ha convertido en un elemento clave de estos costes, aunque se todavía se desconoce el peso exacto que tiene sobre la factura de la luz.
Aelec señala que este servicio costó en 2024, año previo al incidente histórico, 2.700 millones de euros, mientras que este año podría ser el doble. Red Eléctrica limitaba este gasto a 422 millones entre mayo y noviembre de 2025.
Por eso, las compañías piden que se desglose con claridad cuánto supone este concepto y que se fiscalice de forma más exhaustiva. Consideran que la falta de transparencia dificulta entender el recibo y planificar costes, especialmente para las empresas.
Ante esta situación, el sector propone que se produzcan una serie de cambios. Uno de ellos es trasladar estos costes a una parte regulada de la factura para repartirlos de forma más equilibrada entere todos los consumidores y reducir su impacto directo en el precio de la energía.
También reclaman una rebaja estructural de impuestos. Aunque el Gobierno ha reducido temporalmente la carga fiscal por la crisis energética, las eléctricas y la industria piden que estas medidas se mantengan en el tiempo para mejorar la competitividad.
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