En qué consiste el nuevo 'escudo social' del Gobierno: de la prórroga de los desahucios a las ayudas tras la DANA

El Gobierno ha decidido dividir el decreto ómnibus en dos: por un lado, el relacionado con la revalorización de las pensiones y otra con la que enmarca un escudo social. De esta manera, el Ejecutivo tratará de sacar adelante varias medidas sociales después de que dicho decreto fuese tumbado en el Congreso con los votos del PP, Vox y Junts.

En lo que respecta a las pensiones, es sabido que el Gobierno ha aprobado una revalorización de 13 millones de pensiones. La subida, efectiva en enero, conlleva un incremento del 2'7% de las pensiones contributivas, lo que supone una subida de 50€ al mes de media por pensionista, según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. A su vez, las pensiones mínimas suben más del 7%; y las pensiones mínimas con cónyuges a cargo o de viudedad con cargas familiares, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital ascienden a un 11'4%, lo que significarían más de 130 € al mes para algunos casos.

Con todo ello, el Escudo social da un giro de tuerca a varias medidas entre las que se incluyen la prórroga de la suspensión de los desahucios, entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales, incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la DANA y los incendios forestales el pasado verano y bono social energético.

¿En qué consiste la moratoria de los desahucios?

En este 'escudo social' se incluye varias medidas para hacer frente a situaciones de "vulnerabilidad social" como la prórroga de la suspensión de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026 en hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Normalmente, la prohibición de desahucios de familias se activa cuando hay un contrato de por medio y el arrendatario no puede pagar y con ello, los servicios sociales acreditan su vulnerabilidad y se paraliza el desahucio. Según recoge Europa Press, si el propietario acredita que tiene una situación de vulnerabilidad superior al inquilino, las administraciones deberán suministrar una alternativa habitacional.

No obstante, el desahucio no se aplicará en el caso propietario de tres o más viviendas cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable. Tampoco las personas propietarias de una o dos viviendasse verán afectadas por las prórrogas de este escudo social. Le corresponderá a los servicios sociales la "búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia", según ha detallado la ministra. Una medida que corresponde a las presiones de Junts y PNV, contrarios a la moratoria.

Bono social energético

En estas medidas sociales llegan con las que se extiende los descuentos del bono social energético o la garantía de suministro de agua, gas natural y electricidad para consumidores vulnerables.

El Gobierno expuso en 2025 que un consumidor vulnerable es aquella persona titular de un punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual que está acogida al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)"y que cumpla con uno de los siguientes requisitos:

• Que su renta sea igual o inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
• Que sea poseedor de título de familia numerosa.
• Que sea el propio consumidor y todos los miembros de la convivencia sean pensionistas.
• Que el consumidor o algún miembro de la convivencia sea beneficiario del Ingreso Mínimo Vital.

Más medidas

Este escudo social llega con incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la DANA y los incendios forestales el pasado verano.

Además, se actualizan las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales durante el 2026 con suplementos de crédito de más de 3.000 millones de euros. Para las entidades locales serán las mismas que en 2025 financiadas con 3.800 millones de euros.

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