El Ministerio de Trabajo pacta con sindicatos la subida del SMI un 3,1% y deja fuera a la patronal

El Ministerio de Trabajo ha cerrado este jueves un preacuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta situarlo en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. El pacto no cuenta con el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme, que han vuelto a desmarcarse del consenso en esta materia.

Tras la reunión de la mesa de diálogo social, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado que las organizaciones empresariales no se han sumado al acuerdo después de semanas de negociación. "Es una pena que la patronal se haya quedado fuera de este acuerdo", ha afirmado, antes de señalar que todo apunta a que su posición seguirá siendo negativa.

Rechazo frontal a la propuesta fiscal

La negativa de la patronal se produce tras rechazar la propuesta del Gobierno para compensar a las empresas por la subida del SMI mediante incentivos fiscales. CEOE y Cepyme calificaron esta iniciativa de "trilera" y de "puro intervencionismo", al considerar que imponía condiciones "inalcanzables" para muchas compañías.

Pérez Rey ha lamentado el tono empleado por las organizaciones empresariales y ha señalado que la descalificación previa de la propuesta de Hacienda hacía inviable su presentación formal en la reunión. Según ha explicado, cuando una de las partes rechaza de forma tan contundente una iniciativa antes incluso de conocerla en detalle, "no estamos para perder el tiempo".

La oferta fiscal planteaba bonificaciones para las empresas más afectadas por el incremento del SMI, a cambio de compromisos en materia salarial y de empleo. En algunos casos, estas ayudas podían llegar a compensar hasta el 100% del aumento del salario mínimo.

Cambios normativos por vía paralela

Además del incremento salarial, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a avanzar en la prohibición de absorber complementos salariales con la subida del SMI. No obstante, esta modificación se tramitará por una vía distinta, mediante un cambio reglamentario, sin pasar por el Parlamento. Esta decisión abre la puerta a un posible recurso judicial por parte de la patronal.

Desde el Ministerio asumen que esta separación de vías es necesaria por los plazos y la complejidad técnica de la medida, aunque mantiene el compromiso de limitar prácticas que, en la práctica, neutralizan el impacto real del salario mínimo.

Por su parte, los sindicatos han insistido en la necesidad de acelerar la entrada en vigor del nuevo SMI y han reclamado que la subida se aplique con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Aunque comparten la preocupación por la absorción de pluses, aceptan que esta cuestión se aborde más adelante si permite desbloquear el aumento salarial.

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