Vivienda
La resolución también obliga a la empresa a eliminar las cláusulas injustas y a hacer pública la sanción.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado la multa de 3,6 millones de euros impuesta a Alquiler Seguro por llevar a cabo prácticas calificadas como "abusivas" contra sus inquilinos. La decisión llega después de que el departamento resolviera el recurso de alzada presentado por la propia inmobiliaria, según ha informado este miércoles el organismo dirigido por Pablo Bustinduy.
Tras analizar el caso, Consumo concluyó que Alquiler Seguro vulneró los derechos de los consumidores al aprovechar su posición de dominio en el mercado del alquiler. Por este motivo, ha ratificado la sanción, que pasa a ser firme y agota la vía administrativa. La resolución, avalada por el ministro Bustinduy, establece que la empresa ha cometido una infracción grave y otras seis de carácter muy grave, tal y como ha detallado el Ministerio.
En concreto, entre las conductas sancionadas se encuentra la imposición a los inquilinos de la contratación obligatoria de un servicio de atención, que en la práctica incluye costes de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Asimismo, se penaliza la obligación de suscribir un seguro de hogar que beneficia al arrendador, así como la aplicación de cargos por la reclamación de deudas, incluso cuando estas no son atribuibles al propio arrendatario. A esto se suman los costes por reclamaciones judiciales, que se imponían aun cuando no existía una condena en costas.
Por otro lado, la sanción también responde a la inclusión de una cláusula contractual que permite a la inmobiliaria inscribir al inquilino en ficheros de morosos en caso de impago de cualquiera de las cantidades recogidas en el contrato, sin tener en cuenta la causa de dicho impago e incluso cuando no se trate de deudas vencidas ni exigibles. Finalmente, Consumo considera igualmente sancionable la exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto al contrato del servicio de atención al inquilino, lo que limita su capacidad para cancelar dicho servicio.
Del total de 3,6 millones de euros en que se fija la sanción, una de las infracciones muy graves implica una multa de un millón de euros, mientras que otra asciende a 990.900 euros. A estas cuantías se añaden tres sanciones adicionales de 500.000 euros cada una, otra de 100.001 euros y, finalmente, una última de 10.001 euros correspondiente a la infracción calificada como grave.
Además del componente económico, la resolución incorpora dos medidas accesorias. Por un lado, obliga a la inmobiliaria a corregir las irregularidades detectadas, lo que implica la eliminación de las cláusulas consideradas abusivas. Por otro, establece la publicación de la sanción, incluyendo la identificación de la empresa responsable, Alquiler Seguro, S.A.U. y la descripción de la naturaleza y gravedad de las infracciones cometidas.
Este expediente sancionador contra Alquiler Seguro se inició en marzo de 2025. Paralelamente, se abrió otro procedimiento por hechos similares que continúa en fase de investigación. Ambos procesos se pusieron en marcha tras las denuncias recibidas por la Dirección General de Consumo por parte de organizaciones como Facua-Consumidores en Acción, el Sindicato de Inquilinas y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
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