Los retos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez: pensiones, presupuestos, déficit, deuda y autopistas

El incremento de las pensiones y la sostenibilidad del sistema, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda o el 'rescate' de las autopistas serán algunos de los principales retos económicos que tendrá que hacer frente el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras la aprobación de la moción de censura presentada por los socialistas contra Mariano Rajoy, el nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez tendrá que hacer frente a varios retos económicos y algunas tareas pendientes, con la dificultad de poder sacar adelante iniciativas en el Parlamento ante la ajustada aritmética parlamentaria.

Sánchez asumirá sus funciones de presidente con una economía en pleno crecimiento que, tras cerrar 2017 con un repunte del PIB del 3,1%, el Ejecutivo de Rajoy estimaba que este año crecerá un 2,7%, para después moderarse al 2,4% en 2019 y al 2,3% los dos siguientes ejercicios.

El nuevo presidente se comprometió a mantener los PGE del PP para este año, algo que parece garantizado porque el PP continuará con la normal tramitación en el Senado al no presentar ningún veto a las cuentas, y el PSOE tampoco va a vetar ni presentar ninguna enmienda. Aunque el resto de las formaciones de la oposición y que también apoyaron la moción de censura de Sánchez (Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu) sí han registrado sus vetos, previsiblemente sí verán la luz.

Así, Sánchez tendrá que trabajar para mantener el ritmo de crecimiento y para lograr los apoyos suficientes para poder sacar adelante el techo de gasto de 2019, paso previo necesario para la aprobación de los Presupuestos de 2019. También deberá renovar los acuerdos del PP en materia de pensiones y empleados públicos.

Paro, empleo y pensiones

Pero sin duda uno de los principales asuntos que deberá abordar Sánchez es el referido al mercado laboral y las pensiones. Está por ver también si el presidente socialista derogará la reforma laboral que llevó a cabo Mariano Rajoy en 2012 como le piden los sindicatos o si la mantendrá, como solicitan las patronales CEOE y Cepyme.

Mientras, el Pacto de Toledo lleva meses negociando para intentar alcanzar un acuerdo en pensiones, en medio de protestas y movilizaciones de los pensionistas. Con el Fondo de Reserva en unos 8.000 millones y un déficit de la Seguridad Social de 18.000 millones, el nuevo Gobierno tendrá que conseguir traducir a acuerdos los consensos que alcance el Pacto de Toledo, si es que finalmente lo consigue.

Igualmente, deberá decidir si varía el acuerdo suscrito entre los agentes sociales y Empleo sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que subía un 4% en 2018, hasta los 736 euros al mes en 14 pagas, un 5% en 2019 y un 10% en 2020.

Déficit y deuda

Con este panorama y el posible impacto del alza del crudo y el paulatino fin de la política de estímulos del BCE, tendrá que trabajar por proseguir con la reducción de déficit y la deuda. Aunque es seguro que España saldrá este año del procedimiento de déficit excesivo, desde Bruselas y la AIReF han advertido del riesgo de posible incumplimiento del objetivo de déficit del 2,2% del PIB. La meta de deuda es rebajarla al 97% del PIB.

Para alcanzar la meta presupuestaria y hacer frente al aumento en pensiones adicional, Montoro había comunicado a Bruselas la intención de crear un impuesto a las grandes tecnológicas, conocido como 'tasa Google', que se estudiaría en el marco del Pacto de Toledo, por lo que Sánchez deberá decidir si avanza en esa línea impositiva u optar por otras medidas.

El presupuesto alternativo del PSOE a las cuentas del PP contemplaba un aumento del gasto adicional de 8.000 millones de euros, con una recaudación de 6.420 millones a través de subida de impuestos en materia medioambiental a empresas y rentas altas. También proponía hacer frente al gasto en pensiones cargándolo a los impuestos y crear dos nuevos tributos, uno a la banca y otro a las transacciones financieras. En el sector financiero está pendiente culminar la privatización de Bankia, cuya fecha límite para que el Estado deje de participar en el capital de la entidad financiera es el 31 de diciembre de 2019. También está pendiente la división de la CNMV.

Transición energética

En materia energética, el nuevo Ejecutivo tiene por delante la tarea de encarrilar la transición energética. Con el denominado 'Paquete de Invierno' negociándose en Bruselas, España debe ir definiendo cuál será su 'hoja de ruta' en las próximas décadas.

Para ello, el Gobierno del PP estaba trabajando en ese borrador de Ley de Cambio Climático que, con un nuevo Ejecutivo ahora en La Moncloa, podría reelaborarse. Aún así, antes de la ley, se deberá adelantar el Plan Nacional de Energía y Clima a Bruselas antes de que expire este año.

El 'rescate' de las autopistas

En cuanto al Ministerio de Fomento, el relevo tiene lugar en pleno 'rescate' de las autopistas quebradas. El Departamento ya se ha hecho con ocho de las nueve vías de pago y actualmente ultimaba el proceso del concurso para ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.

Iñigo de la Serna dará además el relevo tras presentar grandes planes inmobiliarios en los dos mayores aeropuertos, ultimar un acuerdo en la 'Operación Chamartín' de Madrid, blindar al taxi ante el empuje de empresas como Uber y Cabify, y aprobar un nuevo Plan Vivienda.

Además, el cambio se produce en plena recuperación de la obra pública con nuevas obras de AVE y un plan de carreteras con capital privado cuyos dos primeros contratos estaban previstos para este mes de junio.

Turismo y AENA

El desarrollo de la ampliación de capacidad de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat así como el ambicioso plan de desarrollo inmobiliario de los dos principales aeropuertos de la red y la expansión internacional de Aena con socios de perfil financiero son otros de las principales tareas a acometer en Fomento.

En cuanto a la gestión del éxito del turismo, los retos pasan por captar visitantes de mayor capacidad de gasto y minimizar posibles impactos del 'Brexit' ante las estimaciones de una moderación de la llegada de visitantes y una homogenización de la regulación del alquiler turístico, que ya demanda del sector, pese a que las competencias están transferidas. Entre sus primeras decisiones, la dirección de Turespaña, vacante por la marcha de Manuel Butler a la OMT.

Agenda Digital

En materia de Agenda Digital, el Gobierno tendrá que finalizar la elaboración de la Estrategia Digital para una España Inteligente, que ya ha sido sometida a consulta pública y que buscaba actualizar el contenido de la Agenda Digital de 2014 y abordar los nuevos retos aparecidos en los últimos años.

Además, tendrá que poner en marcha los planes para el denominado segundo dividendo digital, que supondrá de liberación de la banda de los 700 MHZ, actualmente ocupada por la Televisión Digital Terrestre (TDT), que los operadores de telecomunicaciones emplearán para el desarrollo del 5G. El calendario fijado por la CE establece que la 'hoja de ruta' para este proceso debe estar elaborada antes del 30 de junio de 2018.

Nueva política agraria común y pesca

En lo que respecta al próximo titular del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el principal reto al que se enfrentará el sustituto de Isabel García Tejerina será la negociación de la próxima Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027, después de que la Comisión Europea pretenda recortar hasta un 5,4% los fondos agrícolas para España a partir de 2020, según la última propuesta presentada.

En materia de pesca, deberá seguir trabajando y negociando con otros países para ampliar los acuerdos de pesca para que la flota española pueda seguir faenando en caladeros internacionales, mientras que deberá trabajar en Bruselas para que el impacto del 'Brexit' sea el menor posible para la flota pesquera nacional.