CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno no aceptará una respuesta ambigua del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento de que explique si declaró o no la independencia de Cataluña, y si optara por esa falta de claridad, aplicaría la segunda fase del artículo 155 de la Constitución.
A tres días del plazo dado a Puigdemont para que conteste, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha presidido una reunión del Consejo de Ministros en la que el Gobierno ha instado al presidente de la Generalitat a que responda de forma clara y le ha advertido de que su actuación puede llevar a Cataluña a la recesión y a revisar a la baja la previsión de crecimiento económico de España para 2018.
En relación con el requerimiento que le ha enviado, el Gobierno ha recalcado que se trata de "una pregunta sencilla para acabar con un problema complejo" porque se trata sólo de responder sí o no. Ha sido la vicepresidenta quien, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gabinete (el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, no ha comparecido por asuntos familiares) ha subrayado que Puigdemont aún tiene la oportunidad de recuperar la normalidad institucional y poner fin a la inestabilidad.
Lo hará, ha explicado, si antes de que expire el plazo que le ha dado el Gobierno (las diez de la mañana del lunes 16 de octubre) asegura que no ha declarado la independencia de Cataluña. Y el Ejecutivo no aceptará respuestas ambiguas, como podría ser, por ejemplo, que Puigdemont contestara enviando al Gobierno la transcripción de sus palabras del martes ante el Parlament, donde dijo que asumía el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero, acto seguido, propuso "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo. "Eso no vale", han advertido fuentes del Gobierno, que han precisado que con esa respuesta activaría la segunda fase del artículo 155 de la Constitución.
Por tanto, se mantendría en vigor el segundo plazo dado a Puigdemont, hasta las 10:00 horas del jueves día 19, para que rectifique su posición y vuelva a la legalidad. De no hacerlo, el Ejecutivo seguiría adelante a partir de entonces con los pasos previstos para la aplicación del artículo 155 de la Constitución y decidiría las medidas que se propone aplicar y que tendrían que ser aprobadas por mayoría absoluta en el Senado.
Pero el Gobierno insiste en que, de momento, hay que esperar a conocer la respuesta que ha de dar antes de las 10.00 horas del lunes el presidente de la Generalitat. "En este fin de semana de reflexión, con puente de por medio, tiene la capacidad para restaurar la convivencia entre los catalanes", ha señalado. Sáenz de Santamaría no ha querido anticipar las medidas que se pueden poner en marcha si se aplica finalmente el artículo 155 del texto constitucional.
"Vamos paso a paso. Está en su mano evitar actuaciones posteriores, depende de su voluntad y tiene un margen amplio para poder evitar actuaciones posteriores", ha dicho refiriéndose a Puigdemont. Y le ha emplazado para que deje de "dividir y empobrecer" a los catalanes, después de hacer hincapié en que el órdago secesionista está poniendo en riesgo la recuperación económica y la creación de empleo en la región, tal y como refleja el "parón" de la inversión y la "caída dramática" de las reservas turísticas en Cataluña. "La Generalitat está creando todas las condiciones para sumir a Cataluña en una profunda recesión", ha advertido.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado que si no hay una "pronta solución" a la situación en Cataluña el Gobierno bajará la previsión de crecimiento económico para 2018, que actualmente está en el 2,6 %.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que 2018 debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo, pero los acontecimientos que se están viviendo en Cataluña hacen ser "más prudentes".
El Ministerio de Hacienda ha presentado hoy un informe al Consejo "de cara a la remisión a Bruselas del plan presupuestario" para 2018 ante la falta de proyecto de cuentas. Esta misma semana, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, avanzó que la economía española crecerá un 3,1 % este año, por encima del 3 % previsto.
De Guindos explicó que el plan presupuestario que el Ejecutivo tiene que enviar a Bruselas antes del 15 de octubre, como exigen las normas de disciplina fiscal, no incluirá cambios en la política económica porque no hay proyecto de Presupuesto, pero que actualizará las previsiones de crecimiento.
De cara a 2018, el ministro se limitó a señalar que el crecimiento económico de este ejercicio se extenderá "a las cifras del año que viene", aunque de manera "extremadamente prudente".
La vicepresidenta también ha alertado del daño que el proceso secesionista está teniendo en la economía catalana, ya que la agencia de medición de riesgos Standard & Poor's apuntó ayer que el conflicto secesionista podría llevar la comunidad autónoma a la recesión.
"Los acontecimientos en Cataluña están poniendo en riesgo la recuperación económica" y la creación de empleo en la región, ha insistido, como refleja el "parón" de la inversión y la "caída dramática" de las reservas turísticas. "La Generalitat está creando todas las condiciones para sumir a Cataluña en una profunda recesión, como han advertido expertos", ha insistido