OTRA SUSPENSIÓN DE PAGOS EN NUEVA RUMASA

Dhul presenta el concurso voluntario de acreedores

Clesa, en Madrid, y Cacaolat, en Barcelona, podrían seguir el mismo camino, según fuentes sindicales.

Nueva Rumasa ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada la solicitud de concurso voluntario de acreedores, antigua suspensión de pagos, para la empresa alimentaria Dhul, la primera de sus compañías que se acoge a este procedimiento, informó el grupo de la familia Ruiz-Mateos en un comunicado.

El holding explicó que adopta esta medida con el objetivo de proteger los intereses de sus empleados, inversores y acreedores y "garantizar la viabilidad futura de la compañía".

Nueva Rumasa manifestó su "más absoluta confianza en que las acciones adoptadas garantizan el futuro de Dhul, marca líder española en postres preparados con una experiencia de más de 40 años elaborando productos de altísima calidad y con un equipo humano altamente cualificado".
"Estamos convencidos de que alcanzaremos un acuerdo con nuestros acreedores que nos permitirá superar esta situación concursal lo antes posible", remarcó la empresa.

El consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos Rivero, anunció la semana pasada que algunas de las empresas propiedad de la familia solicitarían acogerse al concurso de acreedores, aunque no precisó cuáles y sólo indicó que queda al margen de este procedimiento la división hotelera Hotasa, cuyos hoteles tiene a la venta.

A la solicitud de concurso de Dhul seguirán previsiblemente las suspensiones de pagos de Clesa, en Madrid, y de Cacaolat, en Barcelona, según fuentes sindicales. 

No obstante, desde la familia aseguraron que este lunes no se presentará otra solicitud de concurso, en alusión a Clesa y Cacaolat, y apuntaron que la empresa irá comunicando la solicitud de concurso para otras compañías "según se vayan presentando". 

Nueva Rumasa ha optado por la suspensión de pagos porque la situación 'preconcursal' en la que se encuentran 32 empresas del grupo, entre ellas Dhul, no impide que sigan produciéndose actuaciones ejecutivas por parte de acreedores y porque la situación de tesorería de las empresas "ha empeorado". Además, considera que la mejor forma de alcanzar acuerdos con potenciales compradores o inversores es en el marco de un proceso concursal.

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