El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la ley de vivienda incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios. Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de "congelación de precios e incentivos fiscales", para poder reducir el precio del arrendamiento.
También, han logrado superar el principal problema con el que se topó la negociación este miércoles, las obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas.
Claves del acuerdo de vivienda
- Regulación del precio del alquiler: el objetivo es bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios.
- Viviendas vacías: se establece un recargo de hasta el 150% de IBI. Asimismo, el Gobierno habilita que los ayuntamientos lo apliquen.
- Parque público de vivienda: Se reserva el 30% de todas las promociones para vivienda protegida y la mitad de esta promoción irá destinado al alquiler social.
- Bono para jóvenes: dicho bono estará será de 250 euros mensuales durante los 2 próximos años para jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros.
- Medidas de protección frente a los desahucios centradas en la población vulnerable.
Diferencias y similitudes con la regulación de la UE
La resolución del Parlamento Europeo del 21 de enero de 2021 sobre el acceso a una vivienda digna y asequible fue aprobada por una "amplia mayoría" del pleno de la eurocamara y destacaron que la vivienda es un "derecho fundamental".
Tal y como señala un informe realizado por la UE, las políticas de vivienda de los Estados miembros pueden clasificarse en 4 grupos:
- Los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido: se caracterizan por una intensa intervención estatal y cuentan con los sectores de viviendas sociales de alquiler más extensos de la Unión Europea. Sus Gobiernos dedican más del 3% del PIB a la política de vivienda.
- En Austria, Dinamarca, Francia y Alemania: en estos países se ha producido un desplazamiento menor del mercado y se han mantenido unos sectores de viviendas privadas de alquiler amplios. El gasto del Estado en política de vivienda es generalmente del 1-2% del PIB.
- Irlanda, Italia, Bélgica, Finlandia y Luxemburgo: todos disponen de sectores amplios de viviendas en propiedad y de sectores de viviendas sociales de alquiler relativamente pequeños. El gasto del Estado en política de vivienda se limita normalmente a un 1% del PIB.
- Portugal, España y Grecia: tienen sectores grandes de viviendas ocupadas por sus propietarios, unos sectores mínimos de viviendas sociales de alquiler y, hasta no hace mucho, unos sectores privados de alquiler "de baja calidad y en declive". El gasto del Estado en política de vivienda es inferior al 1% del PIB.