Fondos UE
La UE sanciona de esta forma al Gobierno polaco, que rechazó cumplir la sentencia del TJUE relativa a la mina de lignito de Turów
La Comisión Europea ha notificado este martes a Polonia que ha iniciado el procedimiento para retener los primeros 15 millones de euros de fondos europeos previstos para este país en compensación por el impago de una multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir una sentencia anterior que obligaba a Varsovia a cerrar una mina de lignitoen la ciudad de Turów, próxima a la frontera con República Checa y Alemania.
Una vez comunicada la situación a las autoridades polacas, el Ejecutivo comunitario procederá a bloquear los fondos en los próximos diez días, según ha informado el portavoz comunitario de Presupuestos, Balazs Ujvari, quien ha subrayado que con esta medida Bruselas se limita a "cumplir su obligación legal" de cobrar las sanciones económicas que dicte la Justicia europea, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.
La primera vez que la UE retiene fondos
Se trata de la primera ocasión en que la Comisión Europea da el paso de retener fondos comunitarios de un Estado miembro y ocurre después de varios avisos enviados al Gobierno ultraconservador polaco, que también ha sido apercibido por ignorar otra multa del Tribunal de la UE por no desmantelar un régimen disciplinar que impone a los jueces polacos y que la UE considera un riesgo para el Estado de Derecho.
La cantidad final de la multa, no obstante, seguirá aumentando mientras persista Varsovia en el incumplimiento, aunque la respuesta de Bruselas deberá seguir una tramitación para siguientes periodos igual que en este primer caso que ha previsto 60 días para que las autoridades polacas pudieran paga la multa y evitar el bloqueo de fondos.
El asunto de fondo se refiere a la mina de lignito de Turów, situada en territorio polaco pero muy cercada a las fronteras con Alemania y República Checa y para la que Varsovia prolongó la licencia de actividad hasta 2026 sin cumplir la normativa comunitaria que obliga a realizar una evaluación de impacto previa.