283 MILLONES DE EUROS
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles anticipar a España este año 283 millones de euros del fondo de 6.000 millones de la UE para combatir el paro juvenil con el objetivo de que el dinero llegue sin demora a los beneficiarios. Para ello, Bruselas plantea aumentar al 30% la tasa de financiación previa de este fondo, que en la actualidad está entre el 1 y el 1,5%.
En total, los Estados miembros recibirán un anticipo de 1.000 millones de euros, que beneficiará hasta a 650.000 jóvenes. Ello constituye un incremento significativo comparado con la cobertura potencial de la financiación previa que estaba prevista actualmente (entre 14.000 y 22.000 jóvenes), según los cálculos de Bruselas. La propuesta debe ser aprobada todavía por la Eurocámara y los Gobiernos de los 28.
España es el principal beneficiario del fondo para combatir el paro juvenil, ya que recibirá alrededor de 2.000 millones de euros (943 millones de 'dinero fresco', del que viene el anticipo, y el resto del fondo social europeo). Ello se debe a que tiene la mayor tasa de paro juvenil de la UE (51,4%) y la segunda más alta si se tiene en cuenta al conjunto de la población (23,7%), sólo superada por Grecia (25,8%).
El programa juvenil para España fue adoptado por la Comisión en diciembre de 2014 y el anticipo de 283 millones de euros permitirá financiar medidas como prácticas de alta calidad, apoyo para emprendedores, primeras experiencias laborales (con colocaciones de al menos 6 meses) o formación.
"Al poner una parte mayor de los fondos a disposición de los Estados miembros con más antelación, aumentamos el número de jóvenes que pueden entrar en el mundo laboral", ha dicho la comisaria de Empleo, Marianne Thyssen. "Nuestros jóvenes necesitan puestos de trabajo y los necesitan ya. Es inadmisible que hoy en día más de uno de cada cinco jóvenes no encuentre un empleo en el mercado de trabajo", ha resaltado.
Bruselas espera que estos fondos sirvan para poner en marcha en los Estados miembros la denominada 'garantía juvenil', el compromiso de ofrecer a todos los jóvenes menores de 25 años en paro o que terminen su formación, en un plazo máximo de cuatro meses, una colocación de calidad, un puesto de prácticas o una posibilidad de formación.