Fraude Fiscal
Se han intervenido inmuebles, vehículos, embarcaciones y hasta obras de arte entre otras en una de las mayores tramas de España en este sector.
La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación en el sector de los hidrocarburos que estaba implantada a lo largo de todo el territorio nacional en una estructura conformada por 38 sociedades, a las que se les imputa el fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024, según informa Europa Press.
Tal y como señala la AEAT, se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en dicho sector. Concretamente, se han realizado hasta 18 registros en doce localidades de siete provincias diferentes en las que se han intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, una importante cantidad de efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.
En el marco de la operación denominada como 'Pamplinas Stars', en la que han participado más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, han sido detenidas cinco personas, consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de los líderes, que ya se encuentra en prisión imputado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
La investigación comenzó a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comenzó a rastrear el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023. En aquel momento, no se había producido la modificación de la normativa, que entró en vigor en enero de 2025, en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, ya tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. De este modo, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.
Esta primera operadora, de la que se comenzó a tirar del hilo, habría basado su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales. La AEAT puso de manifiesto que esta empresa habría estado operando a través de empresas instrumentales que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera.
Una vez que la Agencia Tributaria da de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024, la actividad defraudatoria continúa realizándose con una segunda operadora, que comienza a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024, pero en apenas un mes la Agencia también la da de baja en el registro. En ese lapso de tiempo, entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado según los investigadores 123 millones de euros.
Finalmente, a mediados de diciembre de 2024 arranca la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal (antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta la Agencia también da de baja esta operadora del Redef.
Las tres operadoras ya han sido inhabilitadas para actuar como mayoristas de hidrocarburos y, en consecuencia, han quedado fuera del mercado. No obstante, las investigaciones siguen en marcha bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.
Según ha detallado la Agencia Tributaria, el caso ha permitido destapar una estructura "vasta y compleja" integrada por hasta 38 sociedades, creada con un doble objetivo: facilitar la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y desviar al extranjero los fondos obtenidos ilícitamente para dificultar su trazabilidad.
Parte del dinero generado por la organización (que contaba además con una extensa red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para el desarrollo de su actividad delictiva) se destinaba a la adquisición de sociedades dadas de alta en el Redef, con el fin de dar continuidad al fraude. Esta operativa, según explica la propia Agencia Tributaria, permitía un "rápido aumento" de las ventas a bajo precio gracias al impago del IVA y una expansión acelerada por todo el territorio nacional, concentrando el impacto del fraude tanto en la Hacienda pública como en la competencia del sector en un periodo muy reducido de actividad efectiva.
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