¿Son suficientes 5 metros de alejamiento? La polémica medida cautelar entre tres presuntos agresores sexuales y su víctima menor de edad

Una menor de 15 años denunciaba una presunta agresión en octubre del año pasado a manos de tres adolescentes, todos ellos también menores. Ocurría en un pequeño municipio de la provincia de Barcelona, Gironella. La joven, con una discapacidad reconocida del 35%, denunciaba que estos tres jóvenes la agredieron sexualmente en una zona cercana al rio Llobregat y, posteriormente, en casa de uno de los presuntos agresores.

Ante esto, la familia denuncia las medidas cautelares impuestas por la Justicia que consideran "insuficientes": una distancia de 5 metros de alejamiento entre los denunciados y la presunta víctima y no mantener contacto.

La madre de la menor asegura que su hija está en tratamiento psicológico y que "lo esta pasando realmente mal" al tener que cruzarse con estos presuntos agresores, es por ello que ruega celeridad a la justicia. Entre otras cosas, la familia pide que los acusados sean internados en un centro de régimen cerrado hasta el juicio o que se incremente la orden de alejamiento.

Posibles motivaciones de las medidas

Serafín Giraldo, inspector de Policía, pone sobre la mesa las posibles motivaciones que han llevado a la Justicia a tomar esta decisión a pesar de sostener que "no lo entiende".

"Son menores, uno de ellos inimputable por tener 12 años, y viven en un pueblo muy pequeño", explica Giraldo para traducir la pretensión del juez de "evitar un daño grave para estos menores". "Es decir, proteger a la victima pero no perturbar la vida de los presuntos agresores", explica.

"Propicia revictimizar a la víctima"

En el plató de 'Espejo Público', las colaboradoras muestran el desacuerdo con esta decisión y piden más contundencia. "Esto propicia revictimizar a la victima porque a 5 metros todo se puede hacer", sostiene Gema López.

Susana Diaz, por su lado, dice que "al final a quien se le acaba perturbando la vida es a la victima y hay que sacar a los agresores del colegio".

En este marco en el que se pone en el punto de mira el ambiente escolar entre los menores, Giraldo explica que "en el colegio se tienen que tomar medidas administrativas para separarles".

A la pregunta de que hubiera pasado si lo ocurrido se situara en una ciudad más grande, el inspector declara que "hay más posibilidades" que en el contexto de un municipio de 5.000 habitantes. Pero en todo momento sostiene que "los presuntos agresores eran conscientes" y que, por tanto, "habría que revisar la ley del menor".

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