Piden que la Generalitat no se quede "por decreto" con la pensión de los ancianos

María José y Carmen Benayas llevan ya 160.000 firmas en la plataforma change.org. Su objetivo es que que la Generalitat Valenciana no se quede "por decreto" con las pagas extra de los mayores que viven en sus residencias. Hasta ahora, los internos abonaban el 90 por ciento de su pensión en 12 pagas y la familia aprovechaba el dinero de las extras para las necesidades del anciano. Ahora, la Generalitat ha enviado una comunicación a las residencias para que le comuniquen los nuevos pagos a los familiares, que están indignados.

Josefa, madre de María José y Carmen, sufre alzheimer desde hace 10 años y es totalmente dependiente. Sus hijas, ambas desempleadas, no tienen recursos para comprar las medicinas, la ropa y el calzado que necesita. La madre de María José y Carmen cobra 630 euros al mes de pensión. Sus hijas emplean las dos pagas extra para afrontar las necesidades que no cubre la residencia. Pero si tienen que entregar ese dinero, no les salen las cuentas. Y han remitido a la Generalitat sus facturas para demostrarlo.

Por su parte, la Generalitat no quiere hablar de copago, y mantiene que solo ha empezado a aplicar el cómputo que marca la Ley de Dependencia. Pero para la familia Benayas, se trata de un recorte que deja a los más débiles en precario.

Valencia no es la única comunidad que se queda con las pagas extra de los mayores que viven en sus residencias. En Cantabria, La Rioja, Madrid, y Murcia existen medidas de este tipo. Algunas comunidades llegan incluso a quedarse con parte del patrimonio de los residentes si su pensión es muy baja. Los mayores abonan por ley el 25 por ciento de la plaza que ocupan en residencias públicas.