Junts

Nogueras eleva la presión tras la sentencia europea sobre la amnistía: "España tiene que decidir si se pone en el carril de la democracia o en el de Hungría"

La portavoz de Junts sostiene que la ley debería aplicarse "con normalidad" y acusa a una parte de la judicatura de desobedecer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Míriam Nogueras ha endurecido el tono sobre la aplicación de la amnistía y ha lanzado una de sus advertencias más contundentes desde que la ley entró en vigor: “España tiene que decidir si se pone en el carril de la democracia o se va para el carril en el que está Hungría”. La dirigente de Junts vinculó directamente el regreso de Carles Puigdemont al cumplimiento de la normativa y aseguró que el expresident “hace mucho tiempo que ya tendría que haber vuelto”.

La portavoz independentista afirmó que la situación actual no responde a un debate jurídico ordinario, sino a una “desobediencia” de una parte de la cúpula judicial respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “La gente debe saber que si se aprueba una ley en el Congreso de los Diputados tendría que poder aplicarse con normalidad”, señaló, antes de denunciar que “hay muy pocos países que no acatan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Nogueras fue más allá y cargó también contra PSOE y PP, a los que acusó de actuar conjuntamente en cuestiones que, a su juicio, afectan a la calidad democrática del Estado. “La cúpula judicial española es una cúpula judicial politizada y acordada entre el Partido Popular y el Partido Socialista”, afirmó. Según la dirigente de Junts, cuando se trata de asuntos “estructurales” que “definen la democracia de un país o la no democracia”, ambos partidos “siempre van de la mano”.

Con este mensaje, Nogueras dejó una idea clara: la batalla por la amnistía no ha terminado con su aprobación en el Congreso. Para Junts, la ley solo estará plenamente vigente cuando sus efectos se apliquen de forma efectiva y permitan el regreso de Puigdemont, una exigencia que la formación seguirá utilizando como prueba de complimientos de los compromisos adquiridos por el Estado.

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