CEUTA

Jesús Villegas tacha de "espectáculo" la situación en Ceuta: "Si no fuera porque están en juego derechos humanos, parecería algo cómico"

La situación en Ceuta continúa generando preocupación ante la presión migratoria. Mientras el Gobierno insiste en que se trabajará para ejecutar las devoluciones, expertos y juristas ponen el foco en las dificultades legales y prácticas que puede plantear el proceso.

Jesús Villegas, magistrado y secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, considera que el debate es abordado con demasiada ligereza y cuestiona que se anuncien devoluciones inmediatas cuando su ejecución puede resultar compleja: “La verdad es que me produce vergüenza. Esto es como un espectáculo. Si no fuera porque están en juego los derechos de las personas y el bienestar de nuestros compatriotas, esto parecería algo cómico”, afirma Villegas.

“Las palabras tienen que transformarse en hechos”

El magistrado recuerda que existe un tratado firmado en 1992 entre España y Marruecos que contempla determinados supuestos de devolución, incluso de personas que no sean ciudadanos marroquíes. Sin embargo, advierte de que la aplicación práctica de estas expulsiones depende de distintos factores. “Para hacer titulares de prensa es muy fácil, podemos decir lo que nos apetezca, pero las palabras tienen que transformarse en hechos”, señala.

Villegas sostiene que, una vez que una persona ha entrado irregularmente en España, iniciar y ejecutar una expulsión puede resultar complicado, especialmente cuando no se conoce su nacionalidad o el propio migrante no colabora con las autoridades: “¿Cómo van a expulsar a una persona, aunque Marruecos quisiera colaborar, si esa persona no colabora? Lo que hacen muchos inmigrantes es que tiran sus documentos y no te dicen de dónde es”, explica.

Aun así, el magistrado recalca que, desde su punto de vista, entrar irregularmente en España supone vulnerar el ordenamiento jurídico y que las autoridades deben aplicar la legislación: “Una persona que ha entrado ilegalmente en España se le debe devolver, quiera o no quiera”, sostiene.

“Si mañana ponen una bandera marroquí... ¿Qué haces?”

Durante el debate, la periodista Elisa Beni aborda una cuestión diferente: la posibilidad de que la situación de Ceuta pueda enmarcarse en un escenario de “guerra híbrida”, en el que la presión migratoria sea utilizada como instrumento de presión política.

Elisa Beni diferencia entre una entrada irregular de migrantes y una llegada masiva y organizada de miles de personas, planteando que el segundo escenario podría tener implicaciones completamente diferentes. Villegas recoge ese planteamiento y alerta sobre las consecuencias que tendría una entrada masiva en territorio español. “Si mañana estos nos dicen que no se marchan, tienes ahí 80.000 extranjeros. Si mañana entran 70.000 tíos y ponen una bandera marroquí... ¿Qué haces?”, plantea.

El magistrado recuerda, no obstante, que el derecho internacional impide las expulsiones colectivas y que cualquier procedimiento de expulsión debe realizarse de manera individualizada.

“Es muy difícil devolver a alguien una vez que cruza ilegalmente la frontera”

Villegas también pone el foco en la frontera de Ceuta y Melilla y en la necesidad de reforzar los mecanismos para impedir las entradas irregulares en lugar de afrontar posteriormente el problema de las expulsiones. El magistrado asegura que, durante sus visitas a Melilla, agentes de la zona le han hablado de posibles soluciones técnicas para dificultar el salto de la valla. “No deberían entrar. Si no quieren invertir en la frontera porque da mala publicidad, porque parece un muro como si estuviéramos en la frontera de México, pues luego que no se quejen”, afirma.

El problema principal se encuentra en evitar que se produzcan entradas irregulares, ya que una vez dentro del territorio español el procedimiento de expulsión se vuelve mucho más complejo.

“Es un crimen internacional”

El magistrado termina poniendo el foco directamente en Marruecos y en la posibilidad de que la presión migratoria esté siendo utilizada como herramienta política frente a España. Elisa Beni considera que una respuesta exclusivamente jurídica podría resultar insuficiente ante un escenario de estas características. Villegas, por su parte, va un paso más allá y lanza una advertencia sobre la utilización de la población como instrumento de presión: “Si el rey de Marruecos lo que está utilizando es su población para presionar jurídicamente sobre España, eso es un crimen internacional”.

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