ACUERDO PP-VOX Extremadura
Las incógnitas sobre la aplicación de la "prioridad nacional" en Extremadura: "No se puede discriminar por nacionalidad para acceder a los derechos básicos"
PP y Vox han alcanzado un acuerdo de coalición y María Guardiola podrá repetir como presidenta de Extremadura. Entre las 74 medidas anunciadas, algunas como la prioridad nacional han despertado dudas sobre su aplicación.
Fumata blanca en las negociaciones entre PP y Vox. Después de cuatro meses de negociaciones en Extremadura, los dos partidos han alcanzado un acuerdo para gobernar en coalición. "Por fin hemos llegado a un acuerdo. Un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña", expresaba satisfecha la líder del Partido Popular extremeño, María Guardiola. Con ella coincidía el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, que anunció ayer el acuerdo como algo "muy satisfactorio".
Según ha desvelado Santiago Abascal, su partido se ocupará de la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, y de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Además, en ese reparto, VOX también tendrá un senador autonómico. Otro de los puntos clave es el compromiso de VOX a apoyar los presupuestos durante toda la legislatura.
Sobre el acuerdo, ha trascendido que cuenta con 61 puntos y 74 medidas. Entre las prioridades, las trabas a la inmigración, el veto a la llegada de menores no acompañados y la lucha contra la okupación, además de la sanidad, las ayudas sociales, la reducción de los impuestos y el acceso a la vivienda.
¿Es viable poner en marcha la "prioridad nacional"?
Algunas de las medidas anunciadas generan dudas de aplicación. Por ejemplo, el acuerdo contempla priorizar el reparto de ayudas a nacionales con un arraigo mínimo de 10 años y es un punto cuestionable a nivel constitucional, pues podría romper el principio de igualdad. "No se puede discriminar por nacionalidad en el acceso a derechos básicos o servicios públicos esenciales", marca la Constitución.
Medidas contra la inmigración y la burocracia
En el caso de las medidas que tratan de controlar la inmigración, la realidad es que las comunidades autónomas no tienen competencia directa en control migratorio, sino que corresponde al Estado.
Además, una de las prioridades del acuerdo es plantar cara a la burocracia con la mirada puesta en las ayudas europeas a la agricultura. En este sentido, el margen de actuación del gobierno extremeño también es muy reducido, puesto que las normas comunitarias son de obligado cumplimiento y prevalecen sobre el derecho nacional y autonómico.
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