Dos magistrados aclaran nuestras dudas sobre la huida de Puigdemont: "Es un caso de una gravedad extraordinaria"

La presencia de dos magistrados en el plató de Espejo Público ha ayudado a esclarecer ciertos aspectos de la situación histórica vivida en el día de ayer en Cataluña. Se trata de Ignacio González Vega, juez en "Jueces Por la Democracia" y Manuel Ruiz De Lara, juez de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

En la mañana de hoy, el juez Llarena ha solicitado a los Mossos y a la Policía un informe sobre el dispositivo que no pudo detener al presidente Puigdemont. Ahora se encuentra de vuelta en Waterloo tras haber burlado todo tipo de seguridad. ¿Qué opinan los magistrados?

"La finalidad del desplazamiento de Puigdemont era acelerar su penal"

Ignacio González admite estar desconcertado, pues él nunca ha dudado de que la finalidad del desplazamiento de Puigdemont al país no era otra que acelerar su procedimiento penal pendiente. El magistrado explica que cuando una persona se halla presa por un procedimiento judicial, la tramitación de dicho procedimiento debería acelerarse. Incluso teniendo en cuenta que nos encontramos en el mes de agosto. En este mes, "sería inhábil para las actuaciones judiciales, pero no para los recursos contra situaciones de prisión provisional". Esto hubiera provocado que hubiese llegado a final de mes y estaría el recurso de amparo para el Tribunal Constitucional para, de esta manera, resolver sobre la amnistía.

Además, Ignacio está seguro de que su llegada precisamente en el día de la investidura de dos de sus rivales políticos no es casualidad. No ha sido más que un espectáculo mediático que ha tenido un impacto a nivel mundial, pues ha ocupado portadas en la prensa europea, pero también americana, asiática y de Oceanía. Una visita fugaz, así lo describe el juez, un "visto y no visto". Una pequeña aparición que ha terminado por carecer de trascendencia alguna.

"Habría una serie de instrucciones establecidas para que se llevase a cabo la detención del susodicho"

El magistrado González recalca que se ha burlado una orden judicial. Ignacio admite que no es experto en temas policiales, pero que sí es conocedor de la existencia de ciertos protocolos que se llevan a cabo en estos casos. Puede imaginarse que habría una serie de instrucciones establecidas para que se llevase a cabo la detención del susodicho y cumplir con la orden del juez Llarena. Instrucciones que probablemente tratasen de realizar una detención de manera proporcional, "sin causar daños a otros bienes jurídicos o alterar el orden público" especifica.

Sin embargo, el juez recuerda que no es la primera vez que se da un caso parecido, o incluso más improbable, en 2017, cuando se instalaron unas urnas que aparecieron sin previo aviso ni el conocimiento o autorización de nadie. "En este caso fue un fallo del servicio de inteligencia nacional", pero, en este caso, González no tiene claro cuál ha sido el error. Lo que sí puede deducir es que "cualquiera que vea esas imágenes dirá que debe haber una colaboración", de hecho, a día de hoy hay dos mossos imputados. Aunque el único delito posible para acusarles sería el de encubrimiento, explica. Este delito, explica el magistrado, solamente afectaría a funcionarios públicos, nunca se refiere a particulares. Turull, de hecho, no se vería afectado. En cuanto a los supuestos escoltas que vestían gorra azul, "habría que preguntarse si son mossos y actúan en ejercicio de sus funciones o como particulares".

"Este es un caso de una gravedad extraordinaria"

Por su parte, el magistrado Manuel Ruiz De Lara tiene una posición firme con respecto a lo acontecido en la jornada de ayer: es un caso de una "gravedad extraordinaria." El segundo magistrado apunta que se trata de la primera vez en la historia que un fugado de la justicia, destacamos públicamente conocido, anuncia exactamente el lugar, fecha y hora de su posición, e incluso se le permite hablar en un mitin y no se procede a la detención. Según Manuel Ruiz, "había muchos momentos. Puigdemont no cae del cielo sobre el escenario". El presidente tuvo que llegar a la capital catalana, pasar la noche por la zona, etc.

Para Ruiz De Lara, el momento de finalización del mitin era el momento perfecto para proceder a su detención. Recalca que lo sucedido supone un incumplimiento de una resolución judicial, de una orden de detención en vigor. Aun así, o más grave para el juez, no sería la no detención, si no la posibilidad de que ésta se debiese a una instrucción de carácter o interés político. En caso de que esto fuese así, Manuel lo calificaría como "un escándalo."

¿Afecta a Puigdemont su nueva huida?

Según el juez Ignacio González, la respuesta a esta pregunta sería negativa. La reciente huida del país no agravaría la situación del presidente más de lo que ya está. En estos momentos, se encuentra vigente una orden nacional de detención, pero la requisitoria es busca, captura e ingreso en prisión. El hecho de que entrase al país de manera puntual y volviese a salir no supone ningún tipo de agravio.

¿Qué ocurrió realmente?

Para Manuel Ruiz, hay un número de personas que han incurrido en una negligencia o colaborado con el presidente prevaliéndose de un cargo público. Esto incurre en una responsabilidad penal. Una responsabilidad que debería caer en todos los ámbitos, incluyendo el político. "Se trata de una quiebra del Estado de Derecho" en caso de que una resolución judicial no se haya cumplido debido a un interés político que desconocemos, según el juez.

"Habrá que ver que ha pasado" dice el magistrado, aunque no deja de lado su escepticismo, pues se trata de un mitin de seis minutos en el que, a su parecer, había tiempo suficiente para que "hubiese alguien detrás del escenario". Por lo tanto, su opinión es que "algo ha pasado", pues no recuerda en la historia un caso parecido. Relata que no se sabe siquiera cómo llegó hasta el Arco del Triunfo o dónde pasó la noche. Según el magistrado, se le podría haber detenido sin producir ningún tipo de alarma social fuera del área de Arco del Triunfo. Pero no fue el caso, por el contrario, se le permitió dar un mitin. "Le faltó desayunar en una terraza y no hubiera sido detenido" dice irónico.

Sin embargo, Ignacio González reconoce que "no es lo mismo detener a una persona por la calle que detenerla delante de todo el mundo o en la sede parlamentaria". El juez considera que esperaban al menso a que se terminase la investidura para no alterara el orden de la Cámara. Incluso al final del día hubiese sido más sencillo para escapar de la multitud.

La información que exige Llarena a los Mossos D'Esquadra

Para el magistrado González, la información solicitada es una exigencia también de la ciudadanía. Incluso considera que lo más doloroso para un cuerpo policial, en este caso, es el descrédito que puede producir esto. "Les pone en evidencia" aunque el juez se niega a pensar que ha habido algún tipo de intención, el hecho de haber fallado en la detención puede delatar su incompetencia.

¿Somos iguales ante la ley?

El magistrado Manuel Ruiz comienza diciendo que, teniendo en cuenta, no solamente lo acontecido ayer, sino los indultos y la amnistía, "si un responsable político comete un ilícito penal parece que tienen un trato distinto a cualquier otro ciudadano". Parece pues que sus decisiones condicionan los intereses políticos del Gobierno. Ruiz De Lara opina que no hubiese pasado lo mismo si de otra persona se tratase. Además, añade que existe un agravante: "Puigdemont es públicamente conocido y no pudo caer del cielo" insiste.

Sin embargo, para Ignacio González, en general, somos iguales ante la ley. Se suma a explicar que Puigdemont, en este caso, ha emprendido la huida a Europa con una orden europea de detención por delito de rebelión, un delito que afecta a la forma de organización política de los Estados, " y eso que los Estados son muy celosos con su soberanía, incluso en la UE". Recuerda que cuando se desplazó de Waterloo a Alemania hace cinco años, las autoridades judiciales alemanas ofrecieron a España entregar a Puigdemont por delito de malversación de caudales públicos. El mismo delito por el que hoy está vigente la orden nacional de detención, pero en ese momento se rechazó esa entrega. "Si una persona rumana en España comete un delito de agresión sexual u homicidio y se desplaza a Bélgica, las órdenes europeas de detención funcionarán con toda normalidad y se le entregaría a España en cuestión de una semana", desde luego, para Ignacio, este caso "tiene peculiaridades".

Un caso todavía por resolver, pero que, como dice Manuel Ruiz De Lara, los únicos que podrán esclarecer nuestras serán los responsables del operativo. En cualquier caso, el magistrado tiene claro que ha sido todo un "escándalo".