Las discrepancias sobre la denuncia a Julio Iglesias entre Amnistía Internacional y el abogado Joaquín Mockel: "Estos hechos si son reales son repugnantes"

Virginia Álvarez, responsable del Área de Investigación en Derechos Humanos, Justicia e Interior de Amnistía Internacional, explica que la organización decidió implicarse tras conocer los testimonios de las denunciantes. "Tuvimos conocimiento de los testimonios de Rebeca y Laura, que desgraciadamente habíamos escuchado en otras ocasiones", afirma, señalando que este tipo de situaciones "son muy comunes en sectores laborales muy feminizados y precarizados".

Delito de Derecho Internacional

Según Álvarez, las condiciones de vulnerabilidad de las presuntas víctimas favorecen que estos abusos se produzcan en el ámbito privado. "Vienen de entornos empobrecidos, existe una vinculación directa con el empleador y se dan elementos que permiten que esto ocurra con total privacidad", añade.

Sobre el recorrido judicial del caso, la representante de Amnistía Internacional confirma que las denunciantes han acudido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. "Han presentado una denuncia porque podría existir un delito de derecho internacional, como la trata con fines de explotación laboral. Ahora la Fiscalía tiene que investigar y determinar si los hechos encajan en el Código Penal español", explica. Asimismo, indica que la organización Women’s Link ha solicitado que ambas mujeres sean reconocidas como testigos protegidos "por su situación de vulnerabilidad y porque tienen que seguir trabajando".

Presunción de veracidad frente a presunción de inocencia

Por su parte, el abogado Joaquín Moeckel, comienza destacando el trabajo periodístico que ha sacado a la luz el caso, pero insiste en la necesidad de cautela. "Todo el derecho de las personas que se vean atacadas por Julio Iglesias a denunciar estos hechos, que si son reales son repugnantes, pero igual de importante es la presunción de inocencia de Julio Iglesias", afirma.

Moeckel considera "forzada" la presentación de la denuncia ante la Audiencia Nacional y recuerda los límites de la jurisdicción española. "Al igual que existe un principio de justicia universal, también hay un principio de soberanía territorial. Lo normal es que si alguien ha sufrido un delito en su país, lo denuncie en su país", señalaba.

El abogado sostiene que la estrategia jurídica busca encajar los hechos en un delito de competencia universal: "Lo que se ha hecho es buscar dónde podría encajar un delito para que la Audiencia Nacional conozca del caso, y se ha acudido a la trata de seres humanos, que es un delito universal", explica. No obstante, advierte de que si las autoridades del país donde supuestamente ocurrieron los hechos inician una investigación, España dejaría de ser competente: "Si la policía dominicana comienza unas pesquisas que den lugar a una instrucción judicial, España ya no sería competente".

El caso queda ahora a la espera de que la Fiscalía determine si existen indicios suficientes para abrir una investigación formal y si la Audiencia Nacional es competente para conocer de los hechos denunciados.

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