Una abogada de extranjería, sobre los becarios de Nacho Cano: "No deberían haber comenzado las prácticas por no disponer de la autorización"

La autorización de estancia por estudios no ha de ser solicitada por la empresa que contrata, sino por el propio ciudadano extranjero que, en este caso, opta a la beca. Así lo recuerda Rocío Santoyo, abogada experta en extranjería.

Explica que existen dos vías de obtención: solicitando previamente el visado en el consulado en el país de origen y entrar a territorio español ya con el permiso aprobado o entrar como turista, como se ha hecho en este caso, y en el plazo de 60 días presentar la autorización en la Oficina de Extranjería.

"Pueden permanecer en España, pero no hacer prácticas ni trabajar"

Los plazos de tramitación de permisos son muy largos, asegura Santoyo. En el caso de los afectados de este caso, sí que culminaron el proceso de tramitación, pero fueron denegados en mayo.

La abogada apunta que en estos momentos no se encuentran en una situación irregular, sino en una situación de permanencia, ya que esperan la resolución del recurso de reposición que han presentado contra la denegación de las autorizaciones. Por tanto, "pueden permanecer en España, pero no pueden estar realizando ninguna actividad formativa ni laboral".

¿Un procedimiento policial adecuado?

La abogada experta en extranjería asegura que el procedimiento llevado a cabo por la Policía con el productor Nacho Cano "es habitual cuando existen indicios de una comisión de un delito contra los trabajadores como parece que hay en este caso".

Rocío Santoyo indica que frente a una denuncia previa "es la comisaría quien tiene que iniciar la investigación". Además, niega que en este momento tengan que intervenir otras unidades o organizaciones como la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid. "Todo dependerá de las diligencias policiales", añade. En el caso de que se detecte una actuación sobre trata de seres humanos o se tenga que proceder con la devolución, sí que se tendría que elevar el caso a otros organismos públicos.

Las personas afectadas han de esperar la resolución del recurso. Si son resueltos de manera favorable, podrían comenzar su formación en España. Hasta entonces no deberían haberlo hecho por no disponer de laautorización, afirma la abogada.