El gigante tecnológico tendrá que pagar una multa de 4.125 millones por vulnerar la competencia.
Los peores presagios de Google se han hecho realidad. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha confirmado la multa millonaria que la Comisión Europea le impuso en el 2018 por prácticas anticompetitivas con el fin de consolidarse en los motores de búsqueda.
Tal y como señala el TGUE, el gigante tecnológico abusó de su posición de dominio a través del sistema operativo Android. "El Tribunal General concluye que Google favorece su propio servicio de comparación de precios en sus páginas de resultados generales mediante una visualización y un posicionamiento más favorables, al tiempo que relega los resultados de los servicios de comparación de la competencia en esas páginas mediante algoritmos de clasificación", se puede leer en el comunicado del tribunal.
Además, Google obligó a los fabricantes a instalar aplicaciones como Google Search y el navegador Chrome para poder obtener la licencia de su Play Store.
Multa histórica: más de 4.000 millones
El órgano europeo ha señalado que estos procedimientos no se ajustan al Derecho de la Unión, y en consecuencia ha ratificado la sanción. En un principio se estableció que la compañía estadounidense tenía que pagar 4.300 millones, pero la justicia europea ha estimado, parcialmente, el recurso presentado por lo que el importe total se ha reducido un 5%, quedando en 4.125 millones de euros.
500 millones por derechos de autor
El pasado año Francia anunció otro golpe millonario para la multinacional estadounidense: 500 millones por "no haber negociado de buena fe" la compensación por utilizar los contenidos de medios y agencias de prensa. En organismo galo justificó entonces que la medida respondía a la "gravedad excepcional" que suponía el incumplimiento sistemático por parte de Google.
En enero de este año el país volvió a penalizar a la filial, junto con Facebook, por los procedimientos para rechazar las cookies en sus webs. Tras una investigación en la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) de Francia certificó que habían vulnerado el Acta de Protección de Datos, impuso sendas multas por valor de 150 y 60 millones de euros respectivamente.