Cargador único
Los ordenadores portátiles dispondrán de plazo hasta abril de 2026 para cumplir con la nueva normativa.
A partir de mañana, el cargador USB-C se convertirá en el único permitido para una amplia variedad de dispositivos electrónicos vendidos en la Unión Europea (UE). Este medida pone fin al periodo de dos años de adaptación establecido por la ley europea, diseñada para reducir los residuos electrónicos y para simplificar la vida de los consumidores.
Según esta normativa, todos los teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, libros electrónicos, teclados, ratones, consolas de videojuegos, altavoces, etc, deberán incluir un puerto USB-C para su carga. En cambio, los fabricantes de ordenadores portátiles dispondrán de un plazo que finaliza el 28 de abril de 2026 para llevar a cabo esta regulación.
Además de estandarizar el tipo de cargador, esta normativa también armoniza los requisitos para la carga rápida y da a los usuarios la posibilidad de adquirir los dispositivos sin necesidad de adquirir un cargador adicional. Además, también se exige a las empresas que los paquetes y cajas en los que vengan dichos dispositivos informen de manera clara las especificaciones de carga y lo que incluye cada producto, permitiendo decisiones de compra más informadas.
Esta decisión tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario y reducir el impacto ambiental asociado a los cargadores. De igual forma, también se busca evitar la fragmentación del mercado, ya que antes de esta ley, coexistían distintos tipos de cargadores y conectores, como el USB 2.0 Micro B, el USB-C y el Lightning (exclusivo de Apple), generando aproximadamente 11.000 toneladas de residuos electrónicos anuales en la UE, según datos de la Comisión Europea. Por tanto, se pretende mitigar el llamado 'bloqueo tecnológico', por el que un consumidor se vuelve cautivo de un fabricante concreto al adquirir uno de sus dispositivos.
Se espera que, a parte de una reducción sustancial de la basura tecnológica, se genere un ahorro de hasta 250 millones de euros al año para los usuarios, al eliminar la necesidad de adquirir cargadores para cada tipo de dispositivo. Por otro lado, la indicativa contribuye a disminuir la extracción de recursos naturales y las emisiones de CO2 vinculadas a la fabricación y el transporte de estos conectores. “Seguiremos de cerca cómo se adaptan los fabricantes a estos cambios y esperamos con interés los estudios de la Comisión (Europea) sobre la evolución de la carga inalámbrica y los futuros requisitos de desagregación”, dijo ese viernes la presidenta de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, Anna Cavazzini.
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