La estafa podría rondar los 30 millones de euros
A los propietarios de los barcos se les acusa de no pagar el IVA, o bien abonar cantidades inferiores a las que les correspondían, y además, de cometer supuesto fraude en la matriculación de los yates y en los impuestos especiales.
Entre las naves incautadas hay algunas que superan los dos millones de euros en el mercado.
De momento no hay detenciones en el curso de la operación, aunque en alguno de los fraudes detectados en varios puertos de la isla el importe de la estafa supera los 120.000 euros y por tanto, se considera ya delito fiscal.
La investigación sigue, de momento, abierta.