SE PLANTEA SU TRAMITACIÓN URGENTE
El Gobierno aprobará antes de que termine el año el anteproyecto de ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia y espera que el Parlamento la tramite por la vía de urgencia de manera que pueda aprobarse en esta legislatura.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la erradicación de la violencia contra los menores es un asunto de "tal relevancia" que será difícil que algún grupo parlamentario "no entienda la urgencia en la tramitación de una ley integral".
Tras la inauguración de la jornada "Nuevos retos en la lucha contra la violencia a la infancia desde el ámbito institucional y judicial", organizada por la Fundación Mutua Madrileña y la Asociación Profesional de la Magistratura, el titular de Interior ha mostrado su confianza de que ley quede aprobada por unanimidad antes de que termine la legislatura.
Para ello, el Ejecutivo se ha planteado su tramitación "en términos de urgencia" y el Consejo de Ministros dará el visto bueno antes de que termine diciembre a un anteproyecto "serio, completo e integral".
Y tiene una "voluntad seria de agilizarlo luego en el Parlamento y de crear todos los medios personales y materiales que permitan posteriormente la aplicación de esta ley".
Grande-Marlaska ha denunciado que la violencia que se ejerce contra los más desprotegidos, niños y adolescentes, es "la mayor infamia de la sociedad" porque se destruye la construcción de la persona, de su dignidad y de su futuro.
"Cada año millones de niños y niñas se convierten en víctimas de una violencia silenciada" que se da en todos los países, culturas y estratos sociales, una realidad que requiere medidas "eficaces y contundentes", ha dicho.
El ministro ha recordado que la citada ley integral abarcará desde la prevención a la protección y a la recuperación de las víctimas y que impulsará la creación de un registro único para conocer la realidad de todas las violencias contra la infancia.
Este registro permitirá conocer el alcance de los fenómenos criminales y garantizar que personas que han tenido conductas de violencia de cualquier tipo contra los menores no puedan volver a tener relación con ellos.