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Ley de Vivienda

Varias comunidades avisan que no pondrán un tope a los precios de los alquileres

En la práctica, deben ser las comunidades las que apliquen la nueva ley de vivienda y muchas ya han anunciado que no lo harán.

La nueva Ley de la Vivienda permite limitar el precio de los alquileres, sin embargo, deben ser las comunidades las encargadas de aplicar esta medida y muchas ya han advertido que no lo harán.

Las CCAA decidirán

A partir de ahora, las personas jurídicas propietarias que tengan más de 10 viviendas tendrán que bajar la renta a sus inquilinos y perderán sus beneficios fiscales. Al resto de propietarios, se les limita el incremento de precios al 10 % sobre la última renta del contrato anterior.

En este sentido, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende que el Gobierno tiene que respetar las competencias de las comunidades autónomas y locales, pero matiza: "Si no lo hacen van a perjudicar a todos, a los propietarios y a los inquilinos".

¿Cuáles aplicarán la nueva normativa y cuáles no?

PP no la aplicará en sus comunidades

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, advierte que con esta nueva ley se ataca la libertad y la seguridad jurídica y supone un "intervencionismo suicida" porque "lo que va a hacer la gente es no poner pisos en alquiler" y "va a subir el precio".

Casado también deja claro que su partido va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Vivienda y que, por lo tanto, no se aplicará en aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por la formación.

Con ello, Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León, se negarán a aplicar la nueva ley. En el caso concreto de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida, ha subrayado que su consistorio no hará "nada" para controlar el precio de los alquileres.

Regiones que celebran la medida

Por otro lado, La Rioja, Navarra, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha y la Comunidad Valenciana se muestran a favor de su aprobación. Mientras, Cataluña, País Vasco, Aragón y Extremadura estudiarán si recurren o no.

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