ES LA PRIMERA CONVOCATORIA DESDE 2016
Unas 4.000 personas con discapacidad intelectual se han examinado en Madrid para optar a 279 plazas de ordenanza en la Administración Pública. Tras meses de preparación los nervios están a flor de piel, este sábado era el día para afrontar el reto con confianza.
Este colectivo es uno de los que tiene más dificultades para conseguir empleo. Tan solo una de cada tres personas con discapacidad trabaja, y de éstos, los jóvenes son los más afectados: un 60% está desempleado.
Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), esta oferta de trabajo es "insuficiente", y su portavoz, José Manuel Couso, ha afirmado que el porcentaje de vacantes para discapacitados sobre el total de empleos públicos ofertados por la Administración tendría que ser "mucho mayor, más cercano a la realidad".
El portavoz del CSIF ha denunciado que, una vez adjudicadas las plazas, "no hay un seguimiento" de los funcionarios con discapacidad, y ha exigido "que se produzcan las adaptaciones necesarias" para que estas personas puedan desempeñar su trabajo con normalidad. Además, el sindicato defiende la necesidad de "adelantar la edad de jubilación" a personas con discapacidad severa y que, en estos casos, se ofrezca la posibilidad de pedir una reducción de jornada "sin merma económica".