EN MADRID
En nuestro país se registran cuatro desahucios cada hora por impagos en el alquiler. Una parte importante de esos desalojos está promovida por los llamados fondos buitre y afecta especialmente a quienes gozaban de un alquiler social.
Es el caso de Yolanda, una mujer que escapó del maltrato de su pareja y con tres hijos menores a su cargo. En unos días finaliza su contrato con el fondo que adquirió la vivienda, que ahora quiere venderla. Ella solicita ahora una casa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) y le han dicho que no hay disponibles, pero ella ha comprobado que eso no es cierto.
"No sé cómo seguir, pero no voy a tirar la toalla", es el llanto de una madre que no puede más, tiene tres hijos a su cargo y un pasado difícil. "Yo me metí de okupa aquí, como era en ese momento víctima de violencia de género me hicieron el alquiler social con las órdenes de protección porque yo tenía riesgo extremo. Me hicieron el contrato de 4 años, pero esto se ha acabado y el banco quiere recuperar su vivienda", explica.
En seis días tendrá que abandonar su casa. Su máxima preocupación es su hija Aitana, de 17 meses, que sufre parálisis cerebral y un 46% de discapacidad. "El requisito más fuerte que tengo es tener una persona con ley de dependencia y una discapacidad tan grande como tiene Aitana", pero el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se niega a facilitarle una vivienda alegando que no hay ninguna disponible.
Sin embargo, el registro dice lo contrario ya que tiene varios pisos en propiedad, muchos de ellos tapiados.