DEBERÁ PAGAR TAMBIÉN 2.000 EUROS
Un juez ahora ha obligado al dueño del prostíbulo a dar de alta a las mujeres del local. Los hechos se remontan hace dos años cuando uno la Guardia Civil se personó en el local para hacer una inspección de trabajo rutinaria.
Tras ella, obligó al dueño del local a dar de alta a sus trabajadoras ya que, según la sentencia, la relación entre ellas y el empresario era laboral.
El empresario niega que ellas trabajen para él, asegura que ellas se relacionaban con los clientes por su cuenta. Pero cuando los agentes preguntaron a las trabajadoras, éstas afirmaron que realizaban "labores propias de altere".
Explican además, que percibían de la empresa "una retribución variable que dependía de las bebidas consumidas por los clientes que acompañamos".
Además, el empresario deberá pagar los 2000 euros de las costas del proceso.