UNOS 400.000 DOCUMENTOS

El TSJC rechaza que la Generalitat deba devolver los 'papeles de Salamanca' pendientes

El TSJC ha desestimado el recurso interpuesto por el presidente de la Asociación 'Salvar el Archivo de Salamanca', para que la Generalitat devolviese los 'papeles de Salamanca' pendientes de ser restituidos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado que la Generalitat catalana deba devolver los 'papeles de Salamanca' llegados a Cataluña y pendientes de ser restituidos a sus propietarios que reclamaba el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez.

Según ha informado la Conselleria de Cultura de la Generalitat, la Sala Contenciosa-Administra5tiva del TSJC ha desestimado el recurso interpuesto por Sánchez contra una resolución del conseller de Cultura con fecha del 10 de enero de 2014.

El líder de la entidad pedía la devolución al Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca de todos los documentos transferidos a la Generalitat que no hubieran sido restituidos todavía a sus titulares. La Conselleria de Salud ha calificado la sentencia de "muy positiva", y ha resaltado que pone de manifiesto que la actuación de la Generalitat ha estado ajustada a la ley 21/2005 de restitución a la Generalitat de los documentos incautados durante la Guerra Civil custodiados en el Archivo de Salamanca, y a los acuerdos de la Comisión Mixta Estado-Generalitat.

400.000 documentos

El líder de la asociación llevó su demanda al TSJC, convencido de que la Generalitat tiene en su poder una cifra estimada de 400.000 documentos enviados de forma irregular desde el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.

Solicitó al tribunal declarar ilegales los envíos de documentos a Cataluña y que la Generalitat sea condenada a devolver los documentos que mantiene "indebidamente en su poder", ha añadido. Sánchez inició su investigación y posterior demanda contra la Generalitat "movido por la defensa de la integridad del Patrimonio Histórico Español, por el interés en que la Administración Pública actúe con arreglo a la Ley.

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